El deber de memoria

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Escribo esta pieza con la voluntad declarada de responder a la insatisfacción de los sectores conservadores y derechistas ante el acto de exhumación de los restos mortales de los generales Queipo y Bohórquez de la Basílica de la Macarena, como consecuencia de la aplicación de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Más aún, mi perspectiva es la de aportar un enfoque que ayudase a superar la trinchera ideológica entre quienes se identifican como filorrepublicanos (herederos de la II República) y quienes lo hacen respecto del franquismo (en su diversidad política y mediática actual). Y no como un ejercicio de equidistancia y tibieza ideológica –que en este caso, como intentaré argumentar, me parece imposible-, sino con la intención de ajustarme a los principios últimos y los valores del movimiento memorialista en el marco político, jurídico académico e intelectual actuales. El reto es conseguir que el memorialismo del siglo XXI, a diferencia de otros precedentes históricos –valga la propia política de la memoria franquista- se construya no para excluir ni reproducir determinados grupos de identidad política e ideológica, sino con una misión superior de conocer el pasado, compadecerse de las víctimas y previa responsabilización de los victimarios (los perpetradores de la violencia) buscar un nuevo horizonte de comunidad política integradora, al menos en lo que a las víctimas se refiere.

i) La emergencia de las víctimas como sujeto político. Los sucesos europeos que evidenciaron el irrevocable fracaso del proyecto ilustrado (la Gran Guerra, los fascismos, la Guerra de España y la Segunda Guerra Mundial, con su corolario de certificación del Holocausto, los bombardeos aliados sobre ciudades alemanas y el americano sobre Hiroshima y Nagasaki) supusieron la irrupción de la memoria como instrumento de conocimiento: de relación, dura y desagradable, con la realidad. Dice el filósofo Reyes Mate que la memoria aporta la parte oscura del conocimiento de la historia, la historia del sufrimiento, sacando a la superficie la importancia de las víctimas. El sufrimiento fruto de la acción política sistemática deja de asumirse pasivamente como efecto colateral necesario para construir un orden social y se constituye en conciencia colectiva que nos hace mirar, y ver, la parte oculta del devenir humano, convirtiéndose en tribunal de la historia. Si Walter Benjamin consideraba que progreso y fascismo coinciden en la naturalidad con la que sacrifican a una parte para conseguir sus objetivos, desde la ruptura civilizatoria de los holocaustos reseñados se abandona la condescendencia hacia la barbarie, siquiera sea por pasividad o por mirar hacia otro lado, incluido el futuro.

Así, fue sobre todo con la liberación de los campos de exterminio que apareció el deber de memoria. Fueron los supervivientes quienes se comprometen en un contrato moral y político para enunciar un mandato: esa experiencia no se puede repetir más; la memoria debe instrumentarse como antídoto contra la repetición de la barbarie. No deseaban, al decir de Reyes Mate, ser recordados como víctimas, sino, sobre todo, aspiraban a que su experiencia sirva para repensar la política, la ética, el derecho, la religión. Para conocer, y padecer, y pensar de nuevo con el intelecto y el corazón (recordar) todo el proceso que condujo a la creación de las víctimas, casi inverosímil si se enfoca retrospectivamente. Son las víctimas quienes nos dicen que la historia es una figura moral, una magistra vitae al decir de Cicerón. Y que hay que dar respuesta al sufrimiento. El objetivo del pensamiento memorialista nacido de los holocaustos, por tanto, es la justicia y la reconciliación, y no la venganza. Y no cabe neutralidad aquí. Este memorialismo asume que la víctima es siempre inocente, independientemente del bando y la ideología. Dejamos para más adelante la definición del quiénes son todas las víctimas, uno de los atolladeros del actual marco normativo memorialista en España y clavo al que se agarra el derechismo para no asumir su responsabilidad en los crímenes cometidos.

Entierro del General Bohórquez en la Basílica, 1955. Foto: @manolocampbell

ii) Sin embargo, el impulso que supuso la constatación de los campos de exterminio para el memorialismo en Europa no tuvo efectos apreciables en España, dominada por el franquismo y su política de memoria para los salvadores y acomodada en su excepción secular. La Ley de Amnistía de 1977, que declaró prescritos, entre otros, los delitos de tortura, desaparición forzosa, asesinato y ejecución sobre decisiones judiciales ilegítimas cuando no ilegales, echó cal sobre la posibilidad de investigaciones que serían incómodas por doquier. El memorialismo cívico, por tanto, hubo de esperar al avance de los debates de la justicia humanitaria, en el ámbito internacional de los derechos humanos, a través de las reclamaciones de familiares por los desaparecidos de las dictaduras militares de Argentina y Chile, un movimiento de abajo a arriba. A partir de su ejemplo, distintas asociaciones en España reclamaron la aplicación de estos principios al caso de los desaparecidos y fusilados en la Guerra de España y la represión franquista. Los defensores del statv qvo se acogían, y lo siguen haciendo, a la amnistía. Pero lejos de superar esos episodios, los restos fósiles de aquellas víctimas, a través de sus allegados, seguían clamando desde el olvido, la otra cara de la memoria. Mientras que, en los noventa, la Comisión Verdad y Reconciliación en la República Sudafricana, a partir de un concepto bantú, Ubuntu (necesidad de reparación más que de represalias, de compasión humanitaria más que de victimización) sí era capaz de conectar con el memorialismo de nuevo cuño, en España no se encontraban asideros institucionales.

Por tanto, las asociaciones memorialistas –de nuevo de abajo a arriba- habrían de esperar mejor ocasión bajo una nueva faz, la de una nueva filosofía jurídica, de carácter internacional, a través de la figura de los desaparecidos forzosos. Esta filosofía será la que renueve la reivindicación de un deber de memoria, siquiera sea para aplicar una justicia restaurativa, que sirva, no ya para castigar penalmente al victimario –aunque ahí estuvo el intento penalista abortado del juez Garzón de 2008-, sino hacerlo moralmente, con la intención de resanar la pus de heridas y sufrimientos ni olvidados ni superados.

En términos estrictamente jurídicos, las instituciones españolas con responsabilidad gubernamental ya no podían ni debían ponerse de perfil ante la existencia de cientos de miles de desaparecidos (paseados, fusilados, enterrados en cunetas o fosas comunes), de víctimas, durante la guerra, tanto por la acción represora de retaguardia, en el territorio sublevado y en el republicano, como durante la dictadura, que ejerció violencia de modos muy diversos y no todos bien reconocidos. No podían ponerse de perfil porque España había ratificado en 2009 la Convención Internacional de la ONU para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, convertida formalmente en derecho universal en 2007, que recogía la reivindicación social de los familiares y allegados desaparecidos en las dictaduras americanas. Y porque había recibido un informe del Consejo de Europa que le instaba a mover ficha. Recíprocamente, como reconoce Paco Ferrándiz[1], esa cultura de los derechos humanos y crímenes contra la humanidad había permeado discursos y conceptos hasta convertirse paulatinamente en guía de la acción de muchas de las asociaciones memorialistas, dotando de vida a los derechos sociales, más allá del ámbito estrictamente técnico y jurídico. Desde entonces, los memorialistas de izquierda pueden reivindicar la aplicación del derecho humanitario internacional a los casos de desaparecidos de la represión en la guerra y en el franquismo. Como también la derecha puede hacer lo propio respecto a las personas represaliadas –desapariciones forzadas y torturados y fusilados- sin garantía judicial en la retaguardia del gobierno republicano, por mucho que la responsabilidad política hacia el modelo de convivencia democrático al que aspiramos sea muy diferente en uno y otro caso.

iii) La Ley 52/2007 de Memoria Histórica, en el primer gobierno de Zapatero, no tipificaba como delito las desapariciones forzadas, lo que dejaba insatisfechos a colectivos de familiares y asociaciones memorialistas. A pesar de ello, estaba pensada como instrumento de conocimiento histórico y de reconocimiento de las víctimas con un enfoque de reconciliación y de justicia reparadora, compadeciendo a las víctimas e identificando a los victimarios. Puesto que se achaca a esa ley y a ese gobierno el desenterrar y reabrir heridas de guerra, es preciso subrayar que el olvido por parte de quienes se sentían satisfechos con la prescripción de los delitos vía Amnistía ni justifica ni explica la inacción respecto a los desaparecidos, ni por supuesto satisface la reclamación de justicia reparadora de las víctimas que aún esperaban su rescate moral y político. Por tanto, la Amnistía fue una solución válida parcialmente para instruir el proceso de restauración monárquica y del parlamentarismo, pero a todas luces insuficiente cuando se observa a la luz del marco político, moral y jurídico que hemos reseñado. Como bien apuntaba Isidoro Moreno en una entrevista reciente a propósito de la exhumación de los restos de Queipo y Bohórquez, “las páginas de la historia se pasan, pero después de leídas. No pueden ser arrancadas”.

Esto explica la actualización normativa, con la nueva Ley 20/2022 de Memoria Democrática. Estoy con Reyes Mate cuando afirma que en España no se ha entendido bien el movimiento memorialista, especialmente por la derecha, aunque también hay confusión en la izquierda. Por un lado, es necesario apoyar decididamente rescatar a personas desaparecidas, culminando el deber la memoria para la reconciliación. Si nos atenemos al preámbulo de la ley, convalidamos que el espíritu del legislador se mantiene en “fomentar su vertiente reparadora, inclusiva y plural”, “reconocer la dignidad de las víctimas de toda forma de violencia intolerante y fanática”, haciendo que los ciudadanos sean “plenamente conscientes de su propia historia, capaces de detectar y desactivar las derivas totalitarias o antidemocráticas que crecen en su seno”. Se afirma, por tanto, el deber de memoria al que hacíamos referencia.

Pero este mandato no es asumido por quienes se identifican con el régimen de Franco ni desde los espacios políticos y mediáticos de la derecha. Un punto candente del debate es la identificación quiénes son las víctimas. ¿Es posible realmente un memorialismo reparador como el reseñado, si sólo atendemos a un grupo de víctimas? La ley vigente es manifiestamente ambigua en su tipificación. De una parte, se hace referencia a “las personas que fueron perseguidas, encarceladas, torturadas e incluso perdieron sus bienes y hasta su propia vida en defensa de la democracia y la libertad” (las víctimas republicanas, para entendernos). En el mismo sentido, al hablar de la “generación de los nietos” se limita el reconocimiento y la reparación a estas mismas víctimas, que pueden quedar identificadas con las personas que combatieron por la institucionalidad democrática, la República, atacada por la sublevación militar.

Pero al mismo tiempo, tanto en algún pasaje del preámbulo de la ley como en el art. 3, dedicado a la definición de las víctimas, se las refiere como: “toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violaciones de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978”, para a continuación tipificar situaciones diferentes de la condición de víctima. Desde mi punto de vista, es éste el concepto que debería prevalecer si se asume por el conjunto de la sociedad la Ley de Memoria Democrática como instrumento reparador para la sociedad entera. Es cierto que el franquismo ya puso en marcha una política de la memoria para resarcir las víctimas que habían sufrido, no ya la muerte en combate, sino represión, violencia y asesinatos a manos de victimarios de la República. Y que la iglesia ha hecho lo propio vía expedientes de canonización. El caso de las sacas de Paracuellos (Madrid) es el más conocido y la causa general efectuó una política de memoria para con aquellas víctimas. Ya en pleno siglo XXI se han exhumado otros cadáveres, como los de la fosa de de la mina de Camuñas (2010), adonde fueron a parar los represaliados del gobierno republicano de la retaguardia de las provincias de Ciudad Real y Toledo. Tanto en un caso como en otro, sin embargo, entiendo que debe aplicarse el deber de memoria inclusivo y restaurador de las nuevas coordenadas humanitarias, que nos interpela a todos como responsables y no permite la virtud de la inocencia para ningún responsable en términos morales.

Precisamente es el sectarismo totalitario de la política de la memoria del franquismo, construida sobre el olvido y la humillación de una parte de la sociedad ilegítimamente desplazada del poder político, lo que impele éticamente a aplicar la condición de víctima a todos los represaliados en un proyecto de memoria democrática en un sentido amplio, que supera los límites sociales de afectos al republicanismo. Y ello no puede entenderse como una posición de equidistancia moral, ni de equilibrismo ético, ni un artero intento de contrapesar muertes y actos de aniquilamiento de uno y otro lado. Las responsabilidades políticas están dictaminadas por la historiografía que, a pesar de su diversidad ideológica, también es capaz de establecer clamorosos consensos al respecto y define quién es quién en el ataque que supuso a la normalidad democrática la sublevación militar, la guerra y la represión posterior.

iv) En definitiva, la exhumación de Bohórquez y Queipo sólo puede ser entendida como un acto de restauración de la memoria de sus víctimas, en el marco del deber moral de la memoria y el derecho humanitario. Esto interpela directamente a sus partidarios, que han de distanciarse de estos victimarios para reconocer la lesa humanidad de sus crímenes, pues solo de ese modo podrían desembarazarse de qué representaban las tumbas de los generales: la plasmación de una política basada en un aniquilamiento y exclusión sistemática de los vencidos, impedidos como víctimas. Sus tumbas expresaban de modo elocuente la iniquidad hacia todas aquellas personas que habían sufrido de modo directo –o indirecto, sus familiares, además de los macarenos republicanistas izquierdistas- la violencia sistemática de los bandos de guerra, primero, y de la represión, después.

Lápidas conmemorativas de Queipo y su mujer, hasta el tres de noviembre pasado. Foto EFE.

El problema de actos conmemorativos como el enterramiento de Queipo o Bohórquez en un lugar público como la Basílica es que esa conmemoración honorífica, esa política de memoria, es incompatible, por excluyente, con la memoria cotidiana de las víctimas. Por tanto, la exhumación ha de entenderse, no como acto de venganza, sino como forma de reparación, en las coordenadas morales y jurídicas enunciadas, a las víctimas de crímenes que una sociedad contemporánea no puede tolerar. Bohórquez y Queipo no eran dos ciudadanos más, dos hermanos de una cofradía cuyo descanso fúnebre pueda dejarse al pairo de prácticas de memoria incompatibles con la dignidad de las víctimas. Como cualquier otro ser humano merecen un descanso pacífico, y su enterramiento en la Macarena no lo era. Su política de producir desaparecidos convertía a las víctimas en espectros, al decir de Reyes Mate a propósito de Lorca: los desaparecidos forzosos son sujetos de derecho anacrónicos, víctimas permanentes, aún en el presente, que gritan con su ausencia la responsabilidad culpable de los verdugos, aunque penalmente ya no tenga sentido su persecución. Éste es el nudo que deben deshacer los opositores a la exhumación o a la política de recuperación de fosas comunes en general.

¿Y qué hace el movimiento memorialista local? El pasado domingo tres plataformas[2] convocaron un acto reivindicativo y de celebración en la plaza de la Esperanza Macarena, junto al Arco, para celebrar la exhumación y recordar a los fusilados en la muralla. Con razón, se presentaron como artífices en el proceso de restitución de las víctimas en el caso de Queipo y Bohórquez, en un combate que continúa en las exhumaciones en la fosa de Pico Reja y otras acciones. Sin embargo, una de las representantes afirmó que “nosotros no olvidamos, no perdonamos no nos reconciliamos”, descarrilándose del proyecto normativo de la Ley, cuyos valores fundamentales son la verdad, la restauración de la dignidad de las víctimas y la no repetición. Si se autoperciben como continuadores de la II República, podrían también acogerse al discurso que pronunció Manuel Azaña en Barcelona en julio de 1938 en el que pedía, mirando hacia el futuro: paz (reconciliación), piedad (compasión con el sufrimiento del otro) y perdón (por haber victimarios y víctimas en uno y otro lado)[3].

Si los grupos memorialistas, las autoridades gubernamentales, los grupos derechistas no terminan de asumir qué significa la responsabilidad ética del deber de memoria para todas las víctimas, aún en la desigualdad de su responsabilidad política, no se lograrán los objetivos últimos de la filosofía del deber ético de la memoria. Una ley, es cierto, es impotente para conseguir sus efectos. Es una tarea social el deber de memoria, asumiendo la propia responsabilidad como cuerpo cívico. En caso contrario, se seguirán enconando las posiciones, polarizando los debates y permanecerán supurando las heridas. La política de la memoria, no debe olvidarse, no sólo mira hacia atrás (verdad y reparación) sino que también mira hacia adelante (no repetición) y esa tensión debe ser afrontada por todos.

[1] Ferrándiz, Francisco (2010). De las fosas comunes a los derechos humanos: El descubrimiento de las desapariciones forzadas en la España contemporánea. Revista de Antropología Social, 19, pp. 161-189.

[2] Plataforma Sevilla por la República, Coordinadora Andalucía Republicana y Plataforma Gambogaz

[3] Así culminaba: “Pero es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra, cuando se acabe como nosotros queremos que se acabe, sacar de la lección y de la musa del escarmiento el mayor bien posible, y cuando la antorcha pase a otras manos, a otros hombres, a otras generaciones, que les hierva la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelva a enfurecerse con la intolerancia y con el odio y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos y que escuchen su lección: la de esos hombres que han caído magníficamente por una ideal grandioso y que ahora, abrigados en la tierra materna, ya no tienen odio, ya no tienen rencor, y nos envían, con los destellos de su luz, tranquila y remota como la de una estrella, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad, perdón