Consecuencia de la represión de un derecho humano: derecho a migrar

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Muchas personas la están sufriendo. Desde Marruecos a Canarias, desde Ceuta y Melilla a las aguas de los mares que une el Estrecho de Gibraltar, una crisis castiga a las personas víctimas de políticas migratorias. Con razón se está denominando crisis humanitaria porque su alcance supera a las víctimas llegando a impregnar la responsabilidad de quienes practican esas políticas. Europa y España están en crisis. España y Europa sufren una profunda crisis humanitaria y son responsables de lo que está ocurriendo en el Sur.

Personas de todo género y sobre todo menores de edad, están siendo utilizadas como moneda de cambio para garantizar intereses económicos, políticos o geoestratégicos. Colocadas en situación de necesidad extrema, utilizando la frontera, son traídas y llevadas de un lado para otro con total insensibilidad hacia derechos que como personas les son inherentes. Con estupor se puede contemplar como práctica “normal” las devoluciones en caliente, totalmente prohibidas legalmente en el trato de los migrantes menores y cómo en el caso de mayores, se hace al amparo de sentencias humanamente inaceptables, olvidando olímpicamente promesas electorales. Acuerdos y tratados internacionales se están incumpliendo vergonzosamente.

Asistimos al mismo espectáculo de que cuando el dedo apunta a la luna, la mirada se centra en el dedo olvidando la luna. Las causas de lo que está ocurriendo están siendo falseadas. Los hechos están siendo interpretados por políticos y algunos medios de comunicación para reforzar sus intereses. Incluso hay quienes los están utilizando como munición para destruir al adversario o a la convivencia social.

Se está olvidando que si bien existe un derecho a no emigrar y que son muchas las personas obligadas a ello por políticas de lo que llamamos el Norte, existe un derecho a emigrar reconocido como universal por la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Existe también un Pacto Mundial para las Migraciones, proclamado en Marrakech el 11/12/18, sosteniendo que la migración ha de ser segura, ordenada y regulada.

ONGS y organizaciones ciudadanas, desde hace años, en todo el mundo, vienen levantando el grito exigiendo a los políticos el derecho a emigrar y a establecerse en un país, facilitando medidas que permitan un tránsito migratorio seguro en que se respeten los derechos de las personas.

Olvidando los compromisos adquiridos al firmar esos documentos y haciendo oídos sordos al clamor de la ciudadanía, las políticas europea y española han sido, sobre todo, de rechazo a las personas migrantes, de represión a la migración.

Es común a todos los políticos, de cualquier signo, la manifestación de estar por la migración. Lo dicen hasta aquellos que criminalizan a los menores migrantes y hacen bandera de la antiinmigración. Todos reconocen que su rechazo es a una situación de ilegalidad, de indocumentación, de “sin papeles”… porque la ley es valor supremo y el principio de legalidad ha de respetase por encima de todo derecho, incluso por encima del derecho a la vida. Esta es una conclusión deducida de sus manifestaciones y de su práctica política.

Estridente este reconocimiento como para producir perplejidad. Quienes rechazan a unas personas por carecer de una documentación exigida por ellos, son los que tienen la responsabilidad de respetar el derecho a emigrar y ofrecer unos cauces de migración segura, ordenada y regulada.

Aquí está el nudo de la cuestión. España y la Unión Europea, en una decisión contra las responsabilidades contraídas y contra una gran parte de la ciudadanía, han optado por la represión del derecho universal a la emigración y, en consecuencia, para mantener esta política, se ven obligadas a externalizar los servicios a otros estados para que hagan el trabajo sucio de gendarmes que blinden sus fronteras. Mientras tanto, se silencia la voz de los que sufren y mueren en el desierto o en el mar y se criminaliza a los ciudadanos que arriesgan su vida intentando salvar la vida de los que ejercen el derecho a migrar.

Lo ocurrido entre España y Marruecos no es sino un fallo en esa arquitectura de equilibrios inestables montada para rechazar a las personas migrantes. No es cualquier cosa, es una crisis europea con dimensiones que sobrepasan el sur de la Unión Europea.

¿Dónde están las políticas española y europea de relaciones internacionales donde prime el principio de la justicia? ¿Unas políticas en las que, reconociendo las causas de las migraciones, se practique la autocrítica y se proceda conforme al principio de reparación?

¿Dónde están las políticas que reconociendo las carencias dentro de cada estado consideren la aportación de valores, incluso económicos, que ofrecen los candidatos a inmigrantes al enriquecimiento de la sociedad?

¿Dónde están unas políticas que, reconociendo el principio de Solidaridad, traten de poner en común los valores existentes en los diversos países para mutuo enriquecimiento de los Pueblos?

La opción por la fuerza que impone la ley de la selva y la inexistencia de esas políticas, dentro del actual sistema económico, lleva a los responsables a utilizar las fronteras con los falsos pretextos: “no hay trabajo para todos”, “primero los de aquí”, “aquí no cabemos todos”…

Consecuencias de la represión del derecho a emigrar: Fronteras crueles como medio y crisis humanitaria como resultado. Y no dejará de existir la crisis humanitaria mientras no se reconozca a las personas migrantes fuera de todo cambalache.

Autoría: Jesús Roiz Corcuera, grupo migraciones APDHA Sevilla.

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