La Boticaria, un proyecto insostenible

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El 8 de febrero de 2002, la Comisión de Gobierno Municipal de Alcalá de Guadaira declaró de utilidad pública e interés social una superficie de 21,85 hetáreas, en plena cornisa de Los Alcores, para uso turístico recreativo, en la conocida como Hacienda de La Boticaria. Allí se construiría un hotel de 100 habitaciones e instalaciones de todo tipo, con la excusa de la hípica como motor de un negocio que se decía seguro y generador de riqueza para Alcalá. Todo fueron festejos, apoyos institucionales y respaldo económico de las cajas de ahorros.

Esto fue lo que nos dijeron en el proyecto de actuación, pero comenzaron construyendo un campo de golf de 18 hoyos de forma ilegal; intentaron captar agua en varios pozos de un acuífero contaminado y sobreexplotado; se construyó un helipuerto ilegal, que ahora tienen que demoler; las habitaciones pasaron de 100 a 133, excediendo las obras de lo calificado y aprobado legalmente en 6.457,65 m2…, unas minucias que no supusieron ningún obstáculo para conceder y mantener una licencia de apertura que, aún hoy, sigue vigente.

Por aquel entonces, la onda expansiva de la cultura del pelotazo tuvo sus efectos en urbanizaciones extractivistas, un ejemplo lo tuvimos junto al club de tiro o en el mismo proyecto de La Boticaria, como así lo confirma Rafael Camps, administrador concursal de Sansan Hoteles, empresa que fue propietaria del inmueble, en ABC de 21 de abril de 2018. La Boticaria fue “parte de un proceso inmobiliario más ambicioso”, en una zona paisajísticamente privilegiada, con un campo de golf como reclamo.

Sin embargo, los beneficios prometidos se convirtieron en deudas por importe de 84 millones de euros que, según se publica, formaron en parte de un paquete tóxico de créditos hipotecarios de CaixaBank adquirido por el fondo estadounidense Apolo Global Management. Las deudas cuantificadas se extendieron a la Seguridad Social, la Hacienda Pública y otras entidades. Aunque nunca se han cuantificado y valoraron las horas y recursos empleados desde las administraciones local, provincial y autonómica.

Finalmente, la entidad SPV REOCO 30 S.L., se hizo con la propiedad de La Boticaria por 500.000 euros., presentando el 20 de mayo de 2019, un proyecto de actuación con una doble finalidad, por una parte, legalizar el exceso de edificabilidad y, por otra, ampliar la superficie calificada de utilidad pública e interés social para adaptarse, según dicen, a las nuevas “necesidades de la explotación”. Con esta ampliación alcanzan las 49,96 ha, límite que le permite escabullirse de la obligación de redactar un Plan Especial, más garantista, según el art. 42.4.d), de la LOUA, que así lo exige cuando se rebasen las 50 ha.

Y, a pesar de que los informes sectoriales observaron incoherencia entre las superficies de las fincas registrales y las catastrales, también en la superficie que corresponde a las fincas declaradas por el Ayuntamiento de utilidad pública e interés social, poniendo en duda que no se rebasen las 50 ha; de que la titularidad de todas las parcelas, excepto una, corresponde a otra persona jurídica diferente a la promotora de la actividad; que justifican deficientemente la no inducción a nuevos asentamientos, ya que proponen actuaciones en otros 15.000 m2; de que deberán disponer de un aljibe para garantizar el abastecimiento de agua potable al hotel, al detectarse problemas relacionados con las posibilidades de suministro de Emasesa y las necesidades de La Boticaria; de que aún no tienen del todo decidido dónde se verterán las aguas residuales, si a la red o al arroyo del Guadairilla…, el 10 de marzo de 2020, el Delegado de Urbanismo firmó para su aprobación en el Pleno, el proyecto de actuación condicionado, aún a nombre de la entidad SPV REOCO 30 SL., concediéndoles también la petición de la cualificación urbanística de los terrenos por 100 años.

Encima de la mesa se encuentran los escarpes de Los Alcores, un suelo clasificado en el POTAUS como No Urbanizable de Especial Protección por Planificación Territorial o Urbanística por Interés Paisajístico y que nuestro Ayuntamiento lleva once años, desde que aprobó el Plan, sin encontrar el momento oportuno para trasladar dicha protección al PGOU. De otra, un proyecto que aportará, a las arcas municipales muy pocos beneficios y, según el propio promotor, se estima que se amortizará dentro de 29 años.

En el plazo de un año tendrán que tramitar una Autorización Ambiental Unificada y solicitar la licencia de legalización de las obras ejecutadas al margen de la legalidad y la licencia de obras de ampliación, ya bajo el nombre de otro propietario, el fondo de inversión andorrano Emin Capital, según se ha publicado en prensa.

Ya es hora de cortar los flujos de recursos públicos a sectores privados insostenibles. Hoy más que nunca, desde lo público, se deben fomentar los proyectos transformadores, participativos, que combatan la pobreza, fomenten la igualdad y respeten el medioambiente.

Autoría: Francisco Gavira Albarrán. Miembro de la Sociedad Ecologista Alwadi-Ira y de la Plataforma contra la incineración de residuos en Los Alcores.

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