Paracaidismo político

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Que Andalucía sufre el extractivismo no solo económico sino también electoral, porque su importancia política es considerada por los partidos estatales solo en función de ser un gran granero de votos y no un Pueblo-Nación, con todo lo que ello implica, se demuestra en la presencia de «paracaidistas» que, sin apenas o ningún enraizamiento en este nuestro País Andaluz, son colocados por esos partidos como cabezas de lista en las candidaturas de las provincias donde piensan conseguir más votos. Se trata, antes que nada, de asegurar que quienes ocupan sus cúpulas dirigentes tengan garantizado (o eso piensan) un puesto en el parlamento central, tengan o no conocimiento de la situación y los problemas de las provincias a cuyos ciudadanos van supuestamente a representar si consiguen escaño.

Esta falta de respeto a la ciudadanía, que practican todos los partidos estatales, me parece especialmente grave por parte de aquellos que se definen como de izquierda. Valga el ejemplo del secretario general del PCE (desde 2018) y coordinador estatal de IU (desde 2023), Enrique Santiago, madrileño de nacimiento y de residencia, que se presentará como número uno del ahora llamado «Frente Amplio» (la nueva denominación de Sumar) por Sevilla en las elecciones del 29N. En la legislatura recién acabada, era diputado por Córdoba. No tengo duda que el cambio obedece solamente a un cálculo de posibilidades electorales. Por lo que se ve, el PCE-IU ya no confía en el «efecto Anguita» (que fue la razón de que Santiago cambiara en 2023 su presentación en la lista por Madrid, por donde era diputado, a hacerlo en la candidatura cordobesa). ¿Y quién lo ha sustituido ahora en la candidatura de esta provincia? Pues alguien que era diputado ¡en Murcia! del partido fantasma que se inventó Yolanda Díaz (el «Movimiento Sumar»). Una muestra más de hasta dónde pueden llegar los cambalaches electorales entre los grupos del «Frente». Cambalaches que siempre se deciden en Madrid, ¡faltaría más! A los militantes solo les toca aceptar mansamente lo que decidan los jefes en una mesa de camilla madrileña. Todo sea por la causa.

¿Cuál causa? Pues ya se sabe: los intereses de la clase trabajadora, la defensa de la democracia (mejor deberían decir la partitocracia), el que no gobierne la derecha (como si el PSOE fuera de izquierda)… Los argumentos que llevamos escuchando una vez tras otra, desde hace décadas, por parte de los recolectores de votos de muchos de los andaluces que se sienten de izquierda y que no merecen el trato que les dan «sus» (?) partidos.

Pienso que nadie debería poder presentarse en listas electorales por una circunscripción diferente a aquella en la que se está empadronado o se ejerce la actividad profesional. Si esto se convirtiera en ley, se cortaría de raíz este vicio, cuyo origen se remonta a los tiempos de la primera Restauración Borbónica, hace ya siglo y medio. Pero estoy seguro que ningún partido (con la excepción -y habría que comprobarlo- de los que son propios de cada nacionalidad, los cuales, en todo caso, tendrían que seguir también esta norma en las elecciones autonómicas y municipales) apoyaría una ley con este contenido, a pesar de ser de elemental higiene democrática y un antídoto contra la desafección política. Así que no pocos electores seguirán votando (o no) a personas perfectamente desconocidas para ellos.