La desigualdad en Andalucía

“Con lo poquito que había
yo hice una partición
mis hermanos son aquellos
que tengan igual que yo.”

Manuel Soto Sordera. Con lo poquito que había (tangos)

Notas previas¹

Partimos de la idea de que en el sistema capitalista la desigualdad es estructural. A partir de ahí, es cierto que existen sociedades capitalistas más desiguales que otras, con mayor porcentaje de personas pobres que otras. Dentro de la Europa occidental, existen pocas economías más desiguales que la andaluza, lo que tiene enormes consecuencias en la vida de las personas que habitamos en esta tierra.

Dice Carlos Arenas que para para España no valen los promedios. Es decir, se requiere del análisis de la economía de Andalucía y de su historia al margen del resto de la península ibérica. Una historia marcada por haber sido un territorio pionero en la construcción de una economía organizada en torno al mercado; por haber sido fuente de mano de obra y de capital para el desarrollo de otros territorios; o por haber asumido un papel subordinado en las estrategias de los Gobiernos y del capital español y mundial.

Por otro lado, es cierto que han existido y existen especificidades que aconsejan no tomar la parte por el todo al analizar la historia o la economía de Andalucía. Sin embargo, hay algo fundamental que cohesiona la evolución y la realidad andaluza: un modelo de capitalismo cuyos rasgos fundamentales son compartidos por el conjunto del territorio. En mayor o menor medida según las zonas, Andalucía ha sido paradigma de una sociedad polarizada entre una elite acaparadora de recursos y una masa ingente de personas desposeídas, grupos entre los que se generaron desigualdades extremas.

Conquista, extractivismo y desigualdad

El origen de la trayectoria del capitalismo andaluz se encuentra en la conquista castellana del siglo XIII. Tuvo, por tanto, un origen colonial. Esa conquista genera el latifundismo o sistema de gran propiedad de la tierra, elemento básico del sistema socioeconómico andaluz. En gran medida fue el motor de las instituciones económicas, sociales, políticas y culturales que se han complementado y reforzado entre sí a lo largo del tiempo, para el provecho de las elites propietarias².

Las raíces del viejo capitalismo andaluz son muy actuales. Las rentas económicas y políticas acumuladas no tuvieron su base en la producción sino en la propiedad y la especulación.

El capitalismo andaluz, a lo largo de la historia, puede ser calificado de “extractivo” en un doble sentido: uno, de extracción y puesta en el mercado de los recursos naturales; dos, de extracción de rentas y beneficios como resultado de la ocupación del poder político. En el primer sentido se hace referencia a los numerosos ejemplos de actitudes depredadoras de la naturaleza. Por ejemplo, la denominada “modernización” agraria con inicio a mediados del siglo pasado y que provocó un aprovechamiento masivo de suelo y agua; o las explotaciones mineras, actividades que han dado como consecuencia la desertización productiva de comarcas enteras; o el turismo de “sol y playa”, de golf, paisaje y monumentos históricos con su repercusión sobre los recursos hídricos o la adulteración o trivialización de la propia historia para enganchar al turista; y muy ligado a este tipo de turismo, el sector de la construcción que ha sido la última y gran actividad extractiva.

Respecto al segundo sentido de la calificación como extractivo del capitalismo andaluz, es preciso tener en cuenta la gran capacidad de «extracción» que ha tenido la burguesía andaluza en función de su capacidad para tomar parte o influir en las decisiones políticas. La historia andaluza se caracteriza por la ocupación monocorde del poder por parte de concretas minorías locales o extranjeras. Desde los señoríos a la autonomía política, el Estado español ha amparado un “equilibrio político” con el sur que ha servido para, de un lado, hacer viable el capitalismo español y, de otro, permitir a las elites andaluzas que organizaran a su gusto el capitalismo autóctono, o que sirvieran de testaferros o valedores de empresas foráneas.

Para consolidar el control político del territorio local, las elites andaluzas necesitaron poner en marcha mecanismos redistributivos en forma de repartos de tierra, beneficencia pública y privada en manos de la siempre aliada Iglesia católica, subsidios, expedientes de regulación de empleo y programas socialdemócratas tanto más radicales cuanto más amenazante se presumía la indignación de las clases populares. El clientelismo, desde el patronazgo señorial, la protección caciquil y familiar, hasta el clientelismo de partido, ha estado presente en la sociedad andaluza a lo largo de los siglos.

Con estos fundamentos se ha construido un modelo de capitalismo extractivo, excluyente, extraordinariamente desigual. Muy pocas personas acceden a círculos reservados que se reservan el capital político que facilita la búsqueda de rentas, la propiedad, el crédito, la formación y el mérito. La desigualdad provoca una situación crónica en la que a la inmensa mayoría de la población tan sólo le ha quedado la opción de aspirar a un empleo precario, y donde el desempleo y el miedo han constituido la base de la acumulación del capitalismo andaluz.

A lo largo de la historia andaluza, las familias pobres, y dentro de ellas las mujeres, han estado afectadas por las “trampas de desigualdad”. Unas pocas sagas familiares se sirvieron del poder para extraer rentas a partir de la apropiación de lo comunal, de la libertad de contratación, de la distribución desigual de las cargas fiscales, de la violencia física y cultural, etc. El cacique local, en nombre de la elite dominante, garantizó la compatibilidad del modelo político y económico andaluz dentro del Estado español; fue el nexo de unión entre el mando local y el poder español. Cuando con la Segunda República nació la posibilidad de una mayor igualdad de oportunidades, las oligarquías reaccionaron favoreciendo el golpe militar. Finalmente, el “equilibrio del sur”, en su versión autonomista a partir de 1980, tampoco ha contribuido en gran medida a mejorar la movilidad social por la vía del acceso a los recursos. Si acaso, el rol de guardián del sistema que antes jugaba el Ejército ha sido sustituido por la clase política, que ha construido “coaliciones”, a veces poco transparentes, en las que han participado las grandes empresas foráneas, las elites locales, clientes del sistema político y algunas de las instituciones garantes del mismo, como patronales o sindicatos mayoritarios.

La desigualdad en el acceso a los recursos: tierra, crédito, formación y empleo

A lo largo de la historia, el principal obstáculo a las oportunidades de mejora de la población andaluza fue la imposibilidad de acceder a la tierra. Ya la colonización castellana impuso un modelo muy polarizado de propiedad y tenencia la tierra. Las clases jornaleras, no propietarias, empeoraron posteriormente su situación a medida que los recursos comunales fueron repartidos, privatizados, usurpados y cercados (principalmente en el siglo XIX).

La historia económica ha demostrado la positiva relación entre acceso generalizado a la tierra e industrialización. Un mayor acceso a la tierra permite la existencia de clases sociales con suficiente capacidad de compra, amplía la dimensión de los mercados industriales, favorece la innovación y crea un empleo mejor pagado. Por el contrario, en el caso andaluz, desde muy pronto, la pequeñez relativa de las clases medias y, consiguientemente, de la demanda agregada cercenó la posibilidad de que en Andalucía perduraran los brotes industriales que tanto en Cádiz como en Sevilla existían a comienzos del siglo XIX.

El desigual acceso al crédito constituye otras de las razones que han contribuido a la desigualdad de oportunidades en la sociedad andaluza. En ausencia de un tejido financiero formal hasta bien entrado el siglo XX, el crédito usurario ha sido el mecanismo que ha permitido, de un lado, el enriquecimiento de los acreedores, las minorías agrarias y mercantiles, y ha aplastado las posibilidades de mejora de campesinos y pequeños empresarios, abrumándolos con intereses abusivos.

El problema del analfabetismo ha sido muy relevante en Andalucía, afectó especialmente a la población rural, el grueso de la población activa, y fue entre diez y veinte puntos porcentuales superior entre las mujeres. A día de hoy, la desigualdad social sigue influyendo en la desigualdad de oportunidades de las personas que estudian.

El familismo y las relaciones clientelares han dividido a la población andaluza. Los excluidos que han querido sobreponerse a tales impedimentos mediante la acción colectiva han sido, según las épocas, criminalizados, ignorados, comprados o integrados clientelarmente. Conseguir un empleo ha dependido más de tener “enchufe” que de la valía personas. La búsqueda de empleo se circunscribe a los círculos más próximos al individuo, por lo que en una sociedad tan segmentada como la andaluza el empleo reproduce la estructura de clases, encerrando, como en una trampa, cada individuo en su clase social³.

La distribución de la renta

La distribución funcional

La distribución funcional de la renta distingue entre rentas del trabajo —salarios y otras prestaciones laborales— y rentas del capital, que incluyen los beneficios empresariales, dividendos y rentas percibidas por ahorros o alquileres de inmuebles.

Desde el Antiguo Régimen, las diferencias sociales en Andalucía se han basado en la propiedad de la tierra y de los medios de producción. La sociedad andaluza estaba extremadamente polarizada entre una minoría de grandes propietarios latifundistas y una inmensa mayoría de campesinos con ninguna o escasa tierra.

La polarización social vino también dada por la distinta evolución de rentas, beneficios y salarios desde el siglo XIX. Hasta 1869, la remuneración del capital se produjo vía precios en función de las políticas proteccionistas de los gobiernos conservadores, mientras los salarios siguieron estables al estar determinados fundamentalmente por el control del empleo o trabajo asalariado por parte de los demandantes (propietarios). Al contrario de lo que estaba ocurriendo en Europa, la renta de la tierra se triplicó entre 1897 y 1931, mientras los salarios lo hicieron en menor proporción y siempre en función de la capacidad de movilización y presión de los colectivos obreros. En ausencia de una transformación del modelo productivo, en Andalucía se produjo la perpetuación de un modelo confiado a la consolidación de una oferta ilimitada de mano de obra jornalera. Por su parte, los trabajadores de las ciudades vieron menguar su poder adquisitivo como resultado de un tejido productivo que solo competía empujando los salarios a la baja y de otras circunstancias como, por ejemplo, el elevado precio de los alimentos y los alquileres de las viviendas.

Las malas condiciones de vida, los bajos salarios y la precariedad del empleo no eran un efecto colateral de la mediocridad económica, sino el elemento básico e innegociable de un capitalismo extractivo. La República intentó quebrar ese modelo productivo, permitiendo que la sindicación y la negociación colectiva posibilitaran un incremento de las rentas del trabajo en detrimento de los beneficios empresariales. Los empleadores y clases propietarias recibieron estas estrategias como una agresión a las bases del sistema, lo que hizo que apoyaran los golpes de Estado de 1932 y 1936, así como la posterior represión. El franquismo supuso un viraje radical de la tendencia favorable que, pese a todo, los salarios habían tomado en los años republicanos; a partir de 1939 se asiste a un derrumbe de las rentas del trabajo y a un crecimiento desbocado de las rentas del capital.

Entre 1965 y 1977 la situación cambió. La remuneración del trabajo pasó del 54,2 al 65,3 por ciento del producto español. A la altura de 1976, el Banco de España proponía como solución a la caída de la rentabilidad de las empresas la firma de un pacto político: los pactos de la Moncloa. Este pacto dio los frutos esperados por el capital. Ya en 1978 se advierte la interrupción de la tendencia alcista de los salarios dentro del producto social y el comienzo de un descenso a partir de entonces. En Andalucía, entre 1975 y 1989, los ingresos del factor trabajo cayeron del 65 al 57 por ciento del PIB, mientras los beneficios empresariales incrementaron su cuota de participación.

Desde mediados de los años noventa las rentas del trabajo cayeron por debajo del 50 por ciento en la distribución factorial de la renta. Por su parte, los beneficios empresariales se han situado en torno al 40 por ciento desde el inicio del siglo XXI. Desde el año 2000, el porcentaje del total que van a las rentas salariales pasó de un 48% a un 45 en 2015; la evolución para las rentas empresariales fue de 40.97% a un 43.52%. En los años de la crisis que van de 2008 hasta 2013, el porcentaje de las rentas empresariales respecto al total aumentó de un 43.51% a un 44.79%, mientras que el porcentaje de las rentas salariales disminuía del 47.64% a poco más del 44%.

Rentas salariales y empresariales en función del total del PIB. Andalucía, 2000-2015.

Fuente: IECA. Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía.

La distribución personal

La distribución personal de la renta analiza el reparto de la misma entre individuos o familias con independencia del origen de sus ingresos. Andalucía ha sido y sigue siendo una de las comunidades más desiguales de España.
La contribución de la pobreza andaluza a la pobreza española se ha mantenido en niveles altos, siempre por encima de la ratio correspondiente a su demografía. Para una población que es el 18 por ciento de la española, el porcentaje de personas pobres era del 30,3 en 1973, el 29 por ciento en 1981 y nunca bajó del 25 por ciento en las décadas siguientes.

El incremento de la desigualdad en España entre 1875 y 1936 —índices de Gini de 0,15 a 0,32— debió de ser aún mayor en el territorio andaluz, aunque no existan estadísticas fiables. La estructura social andaluza en ese periodo refleja una sociedad claramente polarizada.

Al tratar de la desigualdad es obligado referirse al factor género. Tal y como expresó Mercedes Arbaiza, la «cuestión social» a finales del siglo XIX era fundamentalmente una cuestión de género. No se trataba solo de la discriminación laboral o de una escolarización nula o deficiente; la desigualdad se originaba ya en el seno de la familia trabajadora al ser las mujeres víctimas de culturas patriarcales y, en concreto, estar peor alimentadas que los hombres, lo que las exponía en mayor medida a las enfermedades carenciales.

La República y sus leyes laborales trataron de paliar las desigualdades sociales: las rentas del trabajo crecieron por encima de las rentas del capital, pero ello no supuso que las desigualdades se redujeran entre ricos y pobres debido a la falta de empleo. A partir de 1939, las estrategias políticas se desplazan a favor de los triunfadores de la guerra. Al final de los años cincuenta, dos terceras partes de los andaluces pertenecían al segmento de la «clase baja», en fuerte contraste con el 1 por ciento de los que eran definidos como «clase alta» y el 33 por ciento de la «clase media».

El aumento de la cobertura de protección social no ha sido suficiente para impedir que Andalucía pasara de ser en 1973 la quinta comunidad con mayor desigualdad social de España a detentar el dudoso honor de ocupar el primer puesto a mediados de la primera década del siglo XXI.

En el cómputo de la desigualdad en Andalucía hay que seguir haciendo referencia a la desigualdad entre hombres y mujeres, un diferencial de ingresos que, a pasar de haberse corregido en las últimas décadas, sigue siendo uno de los mayores del país.

A partir de la crisis que se inicia en 2008, el porcentaje de la población en riesgo de exclusión social ha aumentado, al igual que el diferencial de renta entre ricos y pobres. Por otra parte, la crisis económica, como todas las anteriores, se ha dejado sentir más entre las mujeres, siendo víctimas en mayor medida de los recortes de los gobiernos, en especial en materia de empleo y asistencia a la dependencia, lo que ha obligado a muchas de ellas a volver al ámbito doméstico.

Los datos de desigualdad y tasas de riesgo de pobreza existentes entre 2009 y 2014 indican lo siguiente⁴. En Andalucía se pasó de un índice de Gini de 32.04 a otro de 34.69, lo que significa el mayor índice del conjunto del Estado (que pasa de 32,19 a 33,99). Otro índice que mide la desigualdad, el ratio 80-20⁵ indica lo mismo, que en Andalucía existe la mayor desigualdad del conjunto del Estado, al pasar de 5.44 a 6.50 (en el conjunto se pasa de 5.47 a 6.34). Esos niveles de desigualdad provocan las mayores tasas de riesgo de pobreza del Estado. Mientras en este último se pasa del 20.4% a un 22.1, en Andalucía se produce un incremento que lo eleva de un 28.8% a un 35.7%.

Conociendo a las personas ricas: las mayores acumulaciones de riqueza de Andalucía

Las más renombradas instituciones públicas y privadas se preocupan por conocer y cuantificar a los pobres. A nosotros nos parece también interesante conocer a los ricos, a quienes acumulan gran parte de lo producido por la sociedad. Estimamos fundamental explorar esa realidad de riqueza que se encuentra tan lejos de la mayoría de la población, sobre todo para saber dónde va la riqueza que el conjunto de la sociedad produce.

Tal como se ha ido mostrando, hablar de personas ricas en Andalucía requiere hablar de la propiedad de la tierra. Actualmente, si en Andalucía hay 8 millones de hectáreas en tierras de cultivo, el 50%, es decir, 4 millones de hectáreas, está en manos del 2% de los propietarios.  Esas personas y familias son las principales destinatarias de las ayudas europeas de la Política Agraria Común (a más tierra, más subvención).

Existen diversas clasificaciones de las personas y familias más ricas de Andalucía. Entre las fuentes consultadas aparecen las siguientes personas y familias⁶.

Familia Mora Figueroa Domecq

En 2016 se le estima una fortuna 800 millones de euros. Familia latifundista que se encuentra entre las primeras receptoras de ayudas de la Unión Europea; entre 2008 y 2016 se estima que recibieron de la PAC 49,7 millones de euros. Son los hijos de Carmen Domecq y de José Ramón Mora-Figueroa. Ese matrimonio unió un gran patrimonio agrícola en la década de 1930, cuyo principal estandarte es la finca Las Lomas en Cádiz. Los Domecq inician su actividad en Cádiz en el siglo XVIII, cuando el noble francés Pierre Domecq llegó a Andalucía y empezó a comprar bodegas y tierras con las que construyó un verdadero imperio de licores que fue pasando de generación en generación, justo hasta la última, que vendió la mayor parte de la empresa, primero a Allied Lyons, que después pasó a manos de Pernod Ricard. Gran parte del patrimonio atesorado por esta familia procede también de su incursión en el negocio del embotellado y la distribución, en concreto, con la empresa Refrescos Envasados del Sur, la compañía que trabajaba para Coca-Cola en Andalucía y de la que el propio Ramón Mora-Figueroa Domecq fue presidente.

Hermanos Gómez Gómez

En 2016 se estima que tenían una fortuna de 800 millones de euros. Los hermanos Rafael, Juan Carlos, Epifanio y Esteban Gómez tienen 7,3% de Mercadona, operación que realizaron entre en 1997 y 1998 a cambio de integrar los 107 supermercados Multimás (Almacenes Gómez Serrano, en origen) en la cadena valenciana. Estos supermercados tienen su origen en la década de 1960, cuando Patrocinio Gómez y  Juan Manuel Gómez Serrano crearon en Antequera un negocio de distribución. Almacenes Gómez Serrano cambia en 1981 con la muerte del fundador y pasa a manos del primogénito, Rafael Gómez, licenciado en medicina. Algo más de tres lustros después, en 1997, Almacenes Gómez Serrano, ya convertida en cadena Multimás, también conocidos en Andalucía como supermercados Más y Más (no confundir con la red de establecimientos del mismo nombre en la Comunidad Valenciana), cuenta ya con 102 tiendas repartidas por las provincias de Málaga, Granada, Córdoba, Sevilla y Jaén. Tras varios meses de negociaciones, en 1998 se completa un proceso de fusión en Mercadona.

Familias Bohórquez y Domecq

En 2016 se estima que tienen una fortuna de 500 millones de euros. Dos Bohórquez, los ganaderos Ana y Fermín, casados con los hermanos Jaime y Mercedes Domecq Ybarra, hicieron caja con su parte en la embotelladora andaluza de Coca Cola antes de la fusión europea. Parte está invertido en Viscofán⁷ (5%) y el resto en tierras, ganaderías, dehesas y cultivos a través de las sociedades “Angustias y Sol” y “Cortijo La Peñuela”. La familia Domeq ha recibido de la PAC entre 2008 y 2016 un total de 36.6 millones de euros.

Rafael Domínguez de Gor

Malagueño, es uno de los hombres más ricos de Andalucía y España. Es el propietario de la firma de ropa infantil Mayoral. En el año 2016 se estimaba que poseía 500 millones de euros. En ese año dio de baja a sus SICAV⁸ –dos de las mayores de España–, pero conservó sus participaciones relevantes en las siguientes empresas cotizadas en bolsa: Adolfo Domínguez, Barón de Ley, Renta 4, Rovi, Miquel i Costas, Azkoyen y CAF.

Francisco Martínez Cosentino-Justo y Hermanos

Dueños de la empresa de Macael Cosentino, tienen una fortuna en 2016 de 425 millones de euros. Los tres hermanos se reparten la compañía y el resto de inversiones familiares, como la inmobiliaria cotizada Trajano (5,2%), constructoras y el hotel Los Jardines de la Tejera, en Olula del Río (Almería).

Estanislao Berruezo García

Dueño de la promotora Promobys y de Urbanización Torreverde SL, de Almería, tiene una fortuna de 350 millones de euros en 2016. Además tiene viñedos (Serón); olivos (Cortijo El Rincón); salones recreativos junto a otro almeriense, Manuel Lao; campos de almendros, huertos solares y hoteles (BS). Ha superado una época de alianzas opacas alrededor de la construcción y explota una residencia universitaria, además de tener negocios en Rumanía y una vasta cartera de suelos.

Hermanos Pascual Sánchez Gijón

Los ocho hijos del doctor José Manuel Pascual (fallecido en 1989), gestionan el grupo de asistencia hospitalaria Pascual creado hace 60 años en torno a la clínica San Rafael de Cádiz. Hoy es el mayor consorcio sanitario privado de Andalucía, con seis hospitales en Cádiz, Huelva y Málaga. Dueños de Pascual Hospitales, tienen una fortuna de 300 millones de euros⁹.

Ramón Beca Borrego y Hermanos

Dueños de Bekinsa, tienen una fortuna estimada de 300 millones de euros. En Sevilla, su apellido es sinónimo de construcción de viviendas, de fincas, quintas explotaciones agrícolas y aristocracia local. Bekinsa es el contenedor de sus inversiones inmobiliarias, con filiales, en Argentina, Uruguay y Portugal. Almaro, la sicav de la familia, invierte 31 millones. Beca es, además, consejero de Mapfre.

Hermanos Carrión Cáceres

Dueños de Transportes J. Carrión y Veinsur, tienen una fortuna estimada de 290 millones de euros. Sus concesionarios (Veinsur) venden los camiones de la marca Volvo en Andalucía y Cataluña. Este año, estos han pasado a manos de Juan Carrión, mientras que Miguel ha quedado como propietario de la flota de camiones (800 unidades). Su hermano José y sus dos hijos, por su parte, invierten en sicav (49 millones) e inmuebles a través de Alvores y Lascony.

Miguel Gallego Jurado y Familia

Tienen una fortuna estima de 290 millones. Presidente de Migasa, se reparte con su hermano Antonio y su cuñada Reyes, viuda de su hermano Diego, la mayor aceitera de España, nacida en Dos Hermanas (Sevilla), dueña de La Masía, Salgado, Mueleoliva y del 50% de Ybarra y de la marca Bertín Osborne Alimentación. Entre sus dominios también está la Hacienda Orán, en Utrera (Sevilla).

Manuel Lao Hernández

Manuel Lao Hernández, con origen en Doña maría, Almería, pero emigrado a Cataluña, ha basado su fortuna en el sector de juego, con la empresa de CIRSA (Compañía Internacional de Recreativos). Forbes le calcula un patrimonio de 1.100 millones de euros. CIRSA fue fundada en 1978, justo cuando se legaliza el juego en España, y factura 1.585 millones al año y cuenta con 15.399 empleados en los muchos casinos los que cuenta en España y en el extranjero.

Familia Hernández

Poseen algo más del 15% de las acciones de Ebro Foods. Tienen tres asientos en el consejo de administración: Antonio y Félix Hernández Callejas, y María Blanca Hernández Rodríguez. La lista Forbes los coloca como la cuarta fortuna de Andalucía con un patrimonio 850 millones de euros. Ebro Foods es líder mundial en el sector del arroz, el segundo fabricante mundial de pasta. Además de Ebro, la familia posee intereses en el sector ganadero (toros de lidia) y agrario, fruto de ello se ha embolsado casi 3 millones de euros en subvenciones.

Nicolás Osuna

Propietario de Inversiones NOGA (Nicolás Osuna SA) tiene una cifra estimada de 375 millones de euros. Es un instrumento de inversión muy diversificado que cuenta entre su patrimonio con una de las mayores explotaciones de olivares del sur de España. Mantiene grandes negocios inmobiliarios, con la filial Inmobiliaria Osuna. Entre sus fincas se encuentra El coto de 10.000 hectáreas en Andújar (Jaén). Ha recibido de la PAC 8,2 millones de euros, la cifra más alta de todas las que se han concedido en el estado español durante el ejercicio 2014.

Felipe Benjumea y familia

Hasta hace muy poco, Felipe Benjumea Llorente y su familia aparecía entre las más ricas de Andalucía y España, con un patrimonio de 1.500 millones de euros. La caída de Abengoa ha provocado la desaparición de esta familia de estas listas. Benjumea es la familia fundadora y era una relevante accionista de la firma.

La Casa de Alba/ Fitz-James Stuart

Si tenemos en cuenta a los ricos no estrictamente andaluces tendríamos que incluir a la familia Alba: la duquesa, en el momento de su muerte, según Forbes, atesoraba un patrimonio de 2.800 millones de euros. Gracias a sus múltiples propiedades agroganaderas han sumado 3 millones de euros de dinero público procedente de la PAC a su ingente fortuna.

1. Las principales fuentes de este documento son las siguientes. En primer lugar, la obra de Carlos Arenas Posadas “Poder, economía y sociedad en el sur. Historia e instituciones del capitalismo andaluz. Historia e instituciones del capitalismo andaluz”, Sevilla, Centro de Estudios Andaluces, Consejería de la presidencia y la administración local, 2016. Por otro lado, el estudio “Expulsión social y recuperación económica”, de la Fundación Foessa, 2016. Además siempre es fuente de inspiración y conocimiento los estudios del Seminario de Economía Crítica Taifa, en especial del nº 4, “Hay pobres porque hay muy, muy ricos”. Grandes fortunas al abrigo del latifundio y el ladrillo. Otras fuentes: http://ctxt.es/es/20150319/politica/609/desigualdad-andaluc%C3%ADa-terratenientes-elecciones-andaluzas-riqueza-ricos-lista-forbes-pobreza-exclusi%C3%B3n-crisis-econ%C3%B3mica-PAC-Hojiblanca-osborne-duquesa-de-alba.htm
2. Según Sevilla Guzmán, la gran propiedad «crea un sistema local de dominación de clase ejercido por el grupo de terratenientes que monopoliza los medios de producción agraria con la fiel asistencia, a través de unas específicas relaciones sociales de dependencia, de un sector de la comunidad compuesto por unas clases sociales de servicio en cuyas manos se encuentran las instituciones económicas, culturales y políticas que controlan a nivel local la vida de la comunidad creando en la misma un específico orden social cuya organización económica determina la explotación del campesinado”. Sevilla, 1980: 31-32.
3. A finales del siglo XX, el 74,4 por ciento de los que accedían al empleo en España lo había conseguido siguiendo canales informales (familia, amistades, contactos personales y solicitudes directas) frente al 7,4 por ciento que lo obtenía en canales formales, como las oficinas de empleo.
4. Fuente. “Expulsión social y recuperación económica”. Fundación Foessa. 2016
5. Permite comparar los valores que delimitan, respectivamente, al 20% de la población más rica y al 20% más pobre.
6. Se tendrá en cuenta Lista Forbes. No obstante, esta fuente tiene limitaciones pues sólo mide activos financieros o empresariales, pero no casas, joyas u otros bienes suntuarios.
   Fuente: datos 2016.
   http://www.elmundo.es/grafico/economia/2017/01/31/588f7b1d46163fc33d8b4655.html?ccaa=1
7. Fabricación y comercialización de envolturas para productos cárnicos.
8. Sociedad de Inversión en Capital Variable. Exige un capital mínimo de 2,4 millones de euros y 100 partícipes. Las operaciones tributan al 1% en el Impuesto de Sociedades.
9. Uno de hermanos, el oftalmólogo Salvador Pascual, es cónsul de honor de Israel en Huelva y Extremadura.