Alerta en Tarifa: el ladrillo amenaza la playa de Los Lances

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La depredación sobre el patrimonio natural andaluz marcha sobre ruedas a pesar de resistencias civiles y normativas que intentan detener esta lacra, sorda y ciega a los signos de emergencia climática que a ritmo galopante se ciernen sobre el mundo, y de los que nuestra nación no está indemne. En este caso que relatamos someramente, se trata de la especulación de empresas turísticas sobre el ya deteriorado litoral andaluz, concretamente el peligro se cierne ahora sobre  una de las playas vírgenes más valiosas del sur peninsular, la de Los Lances, en Tarifa. Precisamente porque estamos a tiempo de evitarlo, y en cierto modo el tiempo corre a favor de las sostenibilidad y de la defensa del territorio virgen de Tarifa, es por lo que las organizaciones ecologistas no bajan la guardia.

El macroproyecto, impulsado por la promotora Edificarte, una entidad participada por Caixabank, pretende intervenir sobre más de 600.000 metros cuadrados con la edificación de 824 nuevas viviendas y 1.600 plazas hoteleras, en una zona aledaña al patrimonio faunístico y floral del Parque Natural del Estrecho. La base legal para esta empresa la ofrece un PGOU que data de 1990, claramente obsoleto y obediente a modelos especulativos de anteriores decenios, el mismo que pudo dar salida a otro proyecto similar, el de la playa de Valdevaqueros, afortunadamente impedido por la contestación ciudadana y la batalla judicial emprendida por Ecologistas en Acción. Este nuevo intento sobre Los Lances se basa en un plan parcial aprobado en 2004, sin haberse sometido a ningún procedimiento de prevención ambiental. Tenía un plazo de ejecución de 6 años, que evidentemente ha prescrito.

El Plan de Protección del Corredor Litoral de Andalucía constataba la protección de estos espacios, incluidos en la Reserva de la Biosfera Intercontinental del Mediterráneo declarada por la Unesco: “… su desarrollo urbanístico incidiría en procesos de ocupación del frente litoral alterando el sistema de asentamientos en un entorno protegido por la normativa ambiental y el planeamiento territorial vigente”. Si lo verbalizamos en tiempo pretérito, es porque este Plan ha sido anulado, de modo que podría dar luz verde a un nuevo afán depredador y especulativo.

Un dato objetivo de preocupación y sospecha es que un 30% de estos terrenos pertenecían a suelo municipal, y queda por conocerse la explicación pública y transparente por parte de la autoridad municipal sobre la privatización de dicho espacio, casi 185.000 metros cuadrados de  monte…

Amén del listado de incumplimientos en materia urbanística y de protección del litoral, este desmesurado crecimiento urbanístico provocaría un impacto exorbitado en demanda de agua, un bien imprescindible para la vida y el desarrollo de la sociedad y del que Andalucía no está sobrada. Los datos facilitados por Ecologistas en Acción, indican que la nueva urbanización tendría un consumo de 626.877 metros cúbicos al año, “cuando el consumo actual de Tarifa es de un millón. De hecho, el proyecto carece del informe preceptivo y vinculante del Organismo de Cuenca sobre disponibilidad de recursos hídricos.” Y colateralmente, no menos grave, nos situamos ante un nuevo avance en la degradación de los ecosistemas marinos del rico litoral andaluz, debido a la abundancia de basuras marinas y microplásticos, cuyos estragos son ya evidentes, innegables.

Ayuntamiento y organizaciones civiles parecen coincidir en en la necesidad de revisar el PGOU en un mismo sentido: en concordancia con las normativas territoriales y ambientales de protección del patrimonio natural de Andalucía. Este principio o paradigma de actuación debe impedir la creación de núcleos urbanos de grandes dimensiones desgajados de la ciudad histórica y en competencia abierta con la misma. La gestión de nuevos servicios públicos en esa área supondría un coste inasumible para las arcas públicas y la población local. Tarifa, la ciudad del viento, ya soporta actualmente siete grandes urbanizaciones.

Agaden-Ecologistas en Acción (tras la presentación de  47 sugerencias para que se tengan en cuenta en el Estudio de Impacto Ambiental), y la sociedad civil, no dudarán en recurrir este proyecto urbanístico a los tribunales si las autoridades  municipales, actualmente en manos de la coalición PSOE-IU, dan pruebas de tibieza en la defensa del patrimonio natural del litoral andaluz.