Precios y tipos de interés más altos
Entre julio de 2021 y julio de 2022 el Índice de Precios de Consumo ha subido en Andalucía un 11,2% (10,8% en España). Estamos en los niveles más altos desde 1984. Al subir los precios, si se mantienen los mismos salarios o ingresos, podemos acceder a una menor cantidad de bienes y servicios. Contraviniendo a la teoría económica corriente, en Andalucía hay más inflación y desempleo que en el conjunto estatal. En realidad, esta economía corriente cada vez explica menos de la realidad normal y corriente.
Para los bienpagados lumbreras económicos, la solución al incremento de la inflación está en subir el precio del dinero. El Banco Central Europeo (BCE) decidió hace unas semanas elevar los tipos de interés 0,5 puntos porcentuales, el mayor incremento desde 2000. Esto provocará que los préstamos y las hipotecas se encarezcan. Ante una subida de precios provocada por el lado de la oferta (aumento de costes energéticos), la solución de la política económica capitalista es reducir la demanda (esto ocurrirá con el aumento del precio del dinero). Así, ante la subida de precios provocada especialmente por la guerra de Ucrania, la solución es que se pague más por préstamos e hipotecas y todo ello con menor capacidad adquisitiva (provocada por la inflación y la precariedad y explotación laboral).
No todos pierden, los rentistas ganan. Personas y empresas, fondos de inversión y especulativos, poseedores de tierras y propiedades, podrán recibir mayor remuneración por el capital que acumulan (precisamente de la generación de liquidez que durante años y años ha mantenido el BCE). La política es elegir. La política económica capitalista siempre lo hace en la misma dirección.
Emigración, a Francia, y falta de mano de obra, en Andalucía
Las causas del mayor o menor aumento de precios en una economía con altos niveles de desempleo y pobreza hay que buscarlas en su especialización productiva. Por tanto, debemos tener en cuenta la especialización turística de la economía andaluza. La actual campaña turística ha impulsado el aumento de precios de bienes y servicios, no así el de los salarios o precio de la fuerza de trabajo.
Desde sectores patronales se denuncia la falta de mano de obra. En estos casos, lo normal sería ofrecer mayores “incentivos”, es decir, aumentar los salarios para que aumente la cantidad de personas que se ofrecen a trabajar. Nada de eso ocurre, más bien todo lo contrario, aumenta la precariedad y explotación laboral. El salario medio percibido en Andalucía es de 1.558 euros (datos de un informe de Adecco). Una cifra que está un 11,1 por ciento por debajo del salario medio español (1.751 euros). La capacidad de compra del salario medio de Andalucía es un 1,4 por ciento más baja que hace cinco años, una pérdida mucho más grande que la que ha sufrido en este tiempo la media española (0,2%).
Los bajos salarios y la explotación laboral en Andalucía conlleva a que en muchos pueblos continúe la emigración a campañas agrícolas de lugares como Francia. Sí, continúa habiendo emigración de mujeres y hombres de Andalucía a otras zonas para trabajar. Mientras el foco de las noticias miraban hacia las playas o los aeropuertos, alrededor de 40 personas partían en autobús desde Alcalá del Valle hacia Les Barthes, en la región de Midi-Pyrénées, para trabajar en la manzana. Volverán en noviembre. Perciben unos 11 euros por cada hora trabajada y, a partir de las 35 horas, las siete siguientes las cobran un 25 por ciento más caras y de las 42 en adelante, un 50. El año pasado los trabajadores ganaron 7.300 euros en la campaña. El patrón, además de pagar el viaje a los trabajadores poniendo un autobús, contrata a una cocinera para que les prepare la comida.
La juventud andaluza no puede emanciparse, salvo cesión o herencia
Según datos suministrados por el Instituto de la Juventud de España, el porcentaje de personas emancipadas en Andalucía es menor que en España: solo el 14,4% de las personas jóvenes andaluzas vivía de forma independiente en la segunda mitad del 2021 (15,6% en España). Una característica muy llamativa es que en Andalucía es muy alto el número de personas jóvenes que no paga renta, al ser sus viviendas o heredadas o cedidas. El 15,2% vivía en viviendas de propiedad totalmente pagada (que incluye herencias y donaciones) y otro 14,2% en viviendas cedidas por otros familiares. La libertad o emancipación depende de la ayuda familiar, de la herencia. Nada que no veamos. Igual lo nuevo es leerlo y corroborarlo con datos.
A todo esto, solo cuatro comunidades han puesto en marcha el bono de alquiler joven que está en vigor desde el 1 de enero. No, Andalucía no es una de ellas. Un bono de 250 euros al mes para menores de 35 años –con limitación en función de su renta– cuya aplicación queda en manos de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias en materia de vivienda.
El despotismo corporativo y el ahorro energético forzoso
Hemos visto, leído y oído en los medios de masas como la minoría ciudadana que continúa teniendo voz grita por la “libertad al derroche”. No les parece admisible apagar escaparates pues “la ciudad se vuelve triste”. La mayoría de las noticias aparecidas sobre el plan de ahorro energético del gobierno español se han centrado en estas quejas personas y grupos “privilegiados”, “favorecidos”, “madrileños” (no son sinónimos pero casi). Mientras, miles de personas de barrios populares y pueblos andaluces (incluso madrileños) no pueden encender el aire acondicionado, ni la luz, ni el frigorífico. Su ahogo, más que tristeza, no merece ser escuchado.
Los beneficios de las grandes empresas están por delante del servicio y los derechos de la ciudadanía. Iberdrola, por ejemplo, ha aumentado sus beneficios un 36% en los primeros seis meses del año, lo que supone 2.075 millones más de ganancias. Las inversiones necesarias para el buen servicio van en contra de los márgenes de ganancias. Y así, el “ahorro energético” lo realizan las miles de personas que se asfixian en bloques de viviendas, casitas bajas, lugares donde la libertad hace tiempo fue suprimida por la supervivencia. Y todo ello con la colaboración necesaria de ex presidentes del gobierno, ministros, consejeros de la Junta, etc.
La cosa está “pa meterlo fuego a lo que todavía no ha ardío”. Como dijo un ciudadano harto de un barrio harto de una ciudad no tan harta de una comunidad autónoma que parece no se harta.
La creación de la «escasez» y los conflictos por el agua
Las noticias son alarmantes: “La sequía acerca a los embalses de Andalucía peligrosamente a la cuarta parte de su capacidad total”; “los regadíos se ‘comen’ un 0.8 % de reservas hídricas por semana”; “la prolongada sequía que arrastra Andalucía desde hace cuatro años está alcanzando, durante el verano de 2022, su cénit”; “Andalucía se sitúa casi 30 puntos menos que la media de los últimos 10 años, que es del 56% para estas fechas.” Ante esta situación, el presidente de la Junta de Andalucía, Moreno Bonilla informa: «Tengo ya conocimiento de que hay campos de golf que se están secando porque no hay agua para regarlos». Como si él no tuviera nada que ver, “ha expresado su gran preocupación por la escasez de agua embalsada en los pantanos de la comunidad y ha advertido de que la sequía puede provocar un frenazo en el crecimiento económico si no llegan las lluvias el próximo otoño.” Juanma advierte. Desgraciadamente no estamos lo suficientemente advertidos de su desfachatez.
Mucha luz sobre este tema aporta Helios Escalante en este magnífico artículo, donde nos explica los actuales y futuros conflictos que se van a dar en alrededor del uso y acceso al agua. Para ello parte de la construcción del relato de la “escasez” a partir del carácter estacional y concentrado de las lluvias, de la elevada evapotranspiración y sobre todo de la ubicación de actividades altamente demandantes de agua. La supuesta “escasez” no se debe tanto a las “condiciones naturales” como a las enormes presiones de intereses económicos sobre el uso de la misma.
Salvo en la Costa del Sol, donde el protagonismo recae en el sector urbano-turístico, en el resto de Andalucía el regadío es la presión determinante, y en ambos casos tiene que ver con la forma de inserción de Andalucía en la división del trabajo de la economía globalizada (agricultura y turismo). Las zonas donde se hace más patente este aumento de la demanda de agua para el regadío corresponden a las principales plataformas agroexportadoras andaluzas: las costas de Huelva y Almería. En los últimos meses ha tenido relevancia mediática la situación de los humedales de Doñana, donde a la reducción de precipitaciones se une la captación de agua subterránea para los cultivos de fresas y frutos rojos en invernaderos. En Almería también el cultivo bajo plástico hace un enorme uso del agua mediante la sobreexplotación de los acuíferos. Por otro lado, no sólo se sustituyen cultivos de secano por otros de regadío, sino que también en diferentes zonas se convierten a regadío los que históricamente han sido de secano, como el almendro o el olivar. No sólo la demanda, en términos cuantitativos, contribuye a esta “escasez”, sino también la afectación de su calidad por la contaminación. Precisamente, la agricultura y ganadería industriales son también unas de las principales causas del deterioro cualitativo del agua, a través de la filtración de pesticidas, fertilizantes nitrogenados, antibióticos, etc.
Por tanto, el problema de “escasez” no se debe a ningún hecho natural, sino a un incremento de la demanda muy por encima de la disponibilidad hídrica. Y es al aparecer esta “escasez” cuando aparecen los conflictos alrededor de este recurso. Muchos de ellos se encuentran recogidos en el «Mapa colaborativo de los conflictos del agua en Andalucía», una cartografía colectiva y en construcción elaborada por la Red Andaluza de Nueva Cultura del Agua.
Para terminar, Helios Escalante nos indica que “a medida que las precipitaciones vayan siendo cada vez más escasas en muchas partes de Andalucía como efecto del cambio climático, (…) las disputas alrededor del agua irán siendo también más frecuentes y complejas. Es preciso por tanto considerar el carácter estratégico que tiene esta cuestión, y afrontarlo desde la defensa del agua como bien común y como elemento ecológico fundamental, en contraposición a su valor meramente económico y a su apropiación privada y cada vez más concentrada.”
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Para José Manuel Naredo, «lo que ha ocurrido en estos años previos, más que relacionado con el liberalismo, lo está con la promoción de una mayor libertad de explotación.» Esta mayor libertad de explotación, relacionada con las noticias comentadas, requiere de una menor libertad de expresión, mayor control de los medios de comunicación y de la intervención estatal neoliberal. La libertad para explotar recorta el resto de libertades; el despotismo de las corporaciones, la explotación indiscriminada de los recursos naturales o el aumento de la explotación laboral requiere de la pérdida de libertades y derechos de la ciudadanía y de la destrucción medioambiental.
En resumen, aumenta la libertad de explotación en y de Andalucía. Las personas, el agua, la tierra, el sol, el subsuelo, los datos… Todo es explotable, con cada vez menos restricciones, aunque no lo parezca según la información económica suministrada por los medios de comunicación convencionales. Seguiremos informando.