Van ya para dos meses desde que en la Universidad de Sevilla se celebró la Jornada «El Estuario del Guadalquivir, potencialidades económicas y pasivos ambientales», a la que fueron invitadas personas de distintos organismos públicos con competencias y/o intereses en el buen funcionamiento del estuario del Guadalquivir, representantes de distintos sectores económicos (agroganaderos, arroceros, gestión de marismas y salinas, pescadores y mariscadores), así como distintas organizaciones sociales, de corte ambientalista, cuya posición se explica antes por convencimientos éticos e ideológicos que por intereses económicos. La jornada pretendía crear un debate público, prácticamente inexistente hasta el momento, acerca del proceso de remineralización en la provincia de Sevilla, con la reapertura de la mina de Los Frailes (Aznalcóllar) y la continuación de la de Cobre las Cruces (Gerena, Gilena, Salteras) y las consecuencias socio-económico-ambientales que se van a derivar del mismo. Esta jornada era la continuación de otra anterior, en junio –»El estuario del Guadalquivir frente a los vertidos mineros»– que concitó a personal académico de distintas disciplinas, de distintas universidades andaluzas (Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla) para valorar la importancia de un seguimiento riguroso de la contaminación por metales pesados que procede de la minería de sulfuros polimetálicos. Es decir, la que se lleva a cabo sobre la enorme Faja Pirítica que subyace a las provincias de Sevilla y Huelva, en Andalucía, para prolongarse por la región del Alentejo hasta prácticamente Lisboa.
No traigo aquí el tema desde una óptica que ya ha sido excelentemente tratada por Manolo Delgado en El Portal de Andalucía, con su artículo “SOS Guadalquivir”, es decir, subrayando lo que tiene de continuación de relaciones coloniales, teniendo como rehén al territorio afectado y sus paisajes que, una vez llevada a cabo la actividad extractiva a una escala “histórica” (nunca antes conocida, por las capacidades tecnológicas del presente), dejará una huella ambiental inextinguible, como consecuencia de la oxidación de los residuos fruto de la actividad minera. La colonialidad de la relación entre las empresas multinacionales y los territorios y paisajes afectados puede cifrarse en la colaboración de los gobiernos autonómicos de turno, en la impunidad con que los incumplimientos ambientales de Mina las Cruces (First Quantum, canadiense) se han venido sucediendo desde 2008, explicados detalladamente por Manolo Delgado; o en la actitud de alcaldías y algunas organizaciones sindicales de los municipios donde residen las explotaciones. Estas sólo entienden su futuro de la mano del mantenimiento o reapertura de las minas, durante las dos próximas décadas, sin ser capaces de comprender el horizonte más allá de esas fechas, apoyados en las líneas de ayuda financiera que reciben de las dos multinacionales (First Quantum y Grupo México), que pueden dedicar una parte de las ayudas públicas que reciben de nuestros gobiernos (la primera de las cuales es ceder los territorios y sus bienes y servicios ecosistémicos, incluyendo la disponibilidad de agua de calidad sin ningún canon de compensación) a sostener acciones deportivas, lúdicas, educativas o de “restauración ambiental” (¡¿?!).
En primer lugar, es preciso recordar que el episodio de intensificación minera, generará efectos duraderos, además de la dimensión estrictamente ambiental, desde el punto de vista económico, social y de la salud de las poblaciones. Ello es debido a que la contaminación de las aguas de las cuencas hidrográficas, tanto por vertidos directos, por lixiviación de balsas, como por la contaminación procedente de los montones de residuos sólidos que esta misma actividad genera, perdurará cientos de años, generando un efecto paradójico que resulta de entregar los bienes naturales a empresas extractivas: la contaminación empieza a agudizarse al cabo de décadas de ser abandonada la explotación, sin que ninguna política de restauración ambiental que la normativa vigente obliga pueda hacer nada al respecto, salvo crear una falsa experiencia de cuidado medioambiental.
Les animo a leer los trabajos de los colegas Félix Talego (Universidad de Sevilla) y Juan Diego Pérez Cebada (Universidad de Huelva) sobre la evolución de la minería en este cuadrante sudoccidental que queda abrazado por el Guadiana y el Guadalquivir, para empezar a atisbar la dimensión del problema. Ellos siempre han señalado que llama la atención el hecho de que la fase de industrialización minera del último tercio del siglo XIX generó importantes respuestas y tensiones de distintos colectivos sociales, que eran directamente perjudicados por fenómenos como las humaredas de las teleras y la lluvia ácida resultante que envenenaba ríos, arroyos y regatos, los cuales terminaban por contaminar acuíferos y el mar. Así, ganaderos, agricultores y pescadores, grandes y pequeños, se opusieron con firmeza, y a veces con su sangre y sus vidas, ante los desmanes de las empresas mineras que, como ahora, venían, explotaban los que se les cedía –siendo patrimonio público– y se marchaban cuando las tierras estaban exhaustas: que quiere decir, hasta el límite que eran explotables con las tecnologías del momento, una frontera que, como siempre en la racionalidad capitalista, es susceptible de ir desplazándose más y más, hasta llegar a callejones sin salida e irreversibles.
Es cierto que las tecnologías actuales permiten un mejor tratamiento de los residuos, aminorando su acción tóxica. Sin embargo, esta mejora no resuelve el problema de la escisión metabólica que la actividad minera a gran escala genera y con un efecto que se desencadena y adquiere importancia pasado el tiempo: la contaminación diferida, sobre acuíferos y cuencas hidrográficas, que la paulatina lixiviación provoca después de la exposición de los residuos al oxígeno, haciéndolos biodisponibles (introducidos, por tanto, en los organismos vivos y, de ahí, a las redes tróficas). Y este problema no es soluble y es perdurable durante decenas de años y más. Como dice el profesor Naredo, la economía convencional ha navegado sobre el axioma de la sustituibilidad sin fin de los factores productivos (incluida lo que denominos “naturaleza”, sus bienes y relaciones ecosistémicas). Quiere decirse, en un giro fáustico, que los teóricos, al constatar con la biología y la química moderna que los procesos físicos eran finitos, se apuntaron a la infinitud de la realidad mediante la creación de un sistema aislable de relaciones matemáticas, las de valor-precio, capaz de insuflar la idea de que la tecnología siempre será capaz de crear nuevas respuestas que nos desaten de las limitaciones físicas. Había nacido el imperio de la virtualidad, hoy tan rollizo. Aplicado al caso: no debemos preocuparnos por las afecciones medioambientales de las actividades extractivas, pues siempre aparecerán soluciones tecnológicas, soportadas en espirales de capital, que vengan a socorrernos, como los demonios sirvieron a Fausto mientras duraba el contrato por el que vendió su alma. Nos hemos convencido, prometeicamente, de que habíamos logrado superar lo insuperable gracias al ingenio… Pero no es el caso.
Imagen 1: Reconstrucción histórica del estuario, entre 20.000-6000 a.C., según F.C. Barragán, Universidad de Sevilla
Y no lo es sólo por los efectos globales de ese tipo de contaminación que marcará por siempre nuestros ecosistemas, sino porque, además, esos efectos pueden generar consecuencias igualmente indelebles sobre los socio-ecosistemas que vienen habitando por siglos el solar del estuario y sus contornos. Tanto el mito como la historiografía nos narran que Gerión pastoreaba bueyes junto al río Tartessos, luego denominado Baetis y Guadalquivir. Pescadores de atunes, pero también de otras especies y poblaciones litorales de mariscadores y cazadores han hollado estas tierras, donde también se concitaban actividades comerciales de largo alcance, facilitadas por el lacus ligustinus o Golfo Tartésico, madre de la marisma. Incluso la minería de oro y plata tuvo su importancia en la zona desde épocas remotas …, pero en otras dimensiones y con otras técnicas. No a la escala prometeica, sin vuelta atrás, a la que me he referido. En la jornada de noviembre estuvieron presentes representantes hodiernos de estas otras actividades: agricultores (COAG), arroceros de la marisma, pescadores de la provincia gaditana, mariscadores de la desembocadura del Guadalquivir. ¿Dónde quedan sus derechos económicos, el reconocimiento a sus aportaciones a nuestro sistema alimentario, su labor en la conservación de paisajes y ecosistemas, las singularidades culturales con las que durante décadas y siglos han ido conformando nuestros paisajes costeros y ribereños? ¿Cuántas familias, cuántas organizaciones, cuándo tejido socio-ecológico, incluyendo su dimensión económica, se pone en riesgo, sólo para satisfacer las apetencias de crecimiento de capital de empresas multinacionales, cuya actividad se desvanecerá en veinte años, imposibilitando el mantenimiento de actividades agropecuarias en los lugares de minas, y limitando las de toda zona del estuario? ¿Los demonios del infierno imaginario de valores pecuniarios no se han parado a calcular el precio del desmantelamiento de todas estas otras actividades, ahora subalternizadas por ponerse al servicio de empresas mineras? ¿Cómo se puede declarar de interés público una actividad que genera tantas afecciones socio-ambientales en un territorio tan amplio? ¿Acaso los puestos de trabajo que se ofrecen como principal contrapartida del sacrificio minero no se contrabalancean con los que ya no se podrán crear en el horizonte inminente en los pueblos mineros y en su entorno? ¿Hemos de pensar que los responsables políticos, en el nivel nacional —por omisión—, el regional —por acción— y el municipal —por omisión y acción, según el caso— sólo actúan a partir de otra contabilidad, la de apoyo electoral de una sociedad desinformada?
Los representantes que acudieron a la cita expresaron sin ambages su perplejidad ante las informaciones que transmitíamos desde la sede académica, al tiempo que su firme compromiso para mantener las actividades que vienen dando sentido a sus vidas. En todos los casos se solicitó una participación efectiva en un proceso de tal incumbencia para sus destinos y la salud de los ecosistemas en los vienen apuntalando sus vidas, creando servicios económicos, ecológicos, sociales y culturales. Por ejemplo, la actividad pesquera sigue generando miles de puestos de trabajo en Andalucía, el estuario del Guadalquivir tiene una importancia crucial en la productividad primaria de las especies comerciales más importantes de las flotas del Golfo de Cádiz, que son las que abastecen las mesas domésticas y las de bares y restaurantes que tanto nos deleitan. El estuario ya cuenta con una Reserva de Pesca (del Guadalquivir), cuya tutela, que depende del gobierno autonómico, queda en entredicho con los vertidos mineros.
Con una perspectiva similar habló el representante de COAG, que aglutina, fundamentalmente, a medianos y pequeños agricultores con una organización familiar, orientada al mercado. Puso encima de la mesa los miles de trabajos dependientes de su actividad, cultivos como el algodón, la remolacha, el olivar, pero también otros productos hortícolas, según las zonas. En un marco de estrés hídrico como el actual, la contaminación por metales empeorará la salud de los cultivos y, desde ellos, las cadenas ecológicas. Por tanto, quedarán afectados suelos, agua, cosechas y…… mercados.
Imágenes 2 y 3. Tabla de arrozal en la marisma sevillana y paisaje de los corrales marinos, Chipiona. Fuente: Junta de Andalucía y autor, respectivamente.
Los mariscadores de la desembocadura (asociación Jarife de Chipiona) entendían que era inaudito que se pueda vulnerar la salud del ecosistema (público) por intereses económicos privados, testimoniando la mortandad excesiva de ostiones y bivalvos sésiles porque las aguas del estuario ya están sensiblemente contaminadas, de modo que los previsibles aportes de aguas contaminadas por metales vendrá a agravar la situación de los corrales marinos de Chipiona y Rota, un emblema paisajístico de la zona, que contribuye con distintos servicios ambientales y culturales (paisaje, fijación de la costa, custodia de alevines, atracción de aves, mantenimiento de técnicas y saberes inintercambiables). La asociación SALARTE (Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera) expuso sus acciones de recuperación de zonas de marisma mediante las denominadas “soluciones basadas en la naturaleza” que se pueden instrumentar mediante acuerdos de custodia por el territorio. Se trata de una labor minuciosa restauradora, a pequeña y mediana escala, pero de gran importancia por lo que representa de nueva visión en nuestra relación con el estuario, sus ecosistemas y dinámicas, incluyendo las económicas (ecoturismo, gastronomía, recuperación de aprovechamientos tradicionales).
El representante de la Federación de Arroceros de Sevilla explicó el servicio ecosistémico que ofrecen las tablas de cultivo de este cereal (cultivado mediante sistema integrado y, en un pequeño porcentaje, ecológico), además de su contribución alimentaria y en renta económica a varios pueblos ribereños: filtra el agua estuarina, limpiándola y eliminando parcialmente su turbidez, además de convertirse en un foco atractor de avifauna. Es estratégico garantizar el mantenimiento de esas capacidades, que permitan, complementariamente, el aprovechamiento del cangrejo rojo, ya un residente más del estuario.
Imagen 4. El puerto pesquero de Bonanza, en el curso bajo del estuario, frente al Espacio Natural de Doñana. Fuente: Junta de Andalucía.
Ante tales aportaciones, repito en este foro las preguntas que ya formulé en su momento: ¿Cómo es posible que el Ministerio de Transición Ecológica y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir se declaren incompetentes a pesar de que esa contaminación puede afectar al Espacio Natural de Doñana y de que los vertidos mineros difícilmente pueden hacer cumplir el compromiso de buen estado del río en 2027, en el marco de la Directiva Marco del Agua y el Plan Hidrológico del Guadalquivir? ¿Cómo es posible que los alcaldes de los municipios ribereños sólo puedan afrontar las consecuencias de esa ecotoxicidad y no tengan vela en este entierro? ¿O que los informes técnicos que avalan los vertidos los aporte la empresa, cuando estamos hablando de un socio-ecosistema extraordinariamente complejo en términos hidrodinámicos, biofísicos y socio-económicos? ¿Cómo es posible que, ante esta complejidad, el argumento de respuesta sea que las minas crean «empleo» (durante cuánto tiempo y para quién), gracias a la labor de multinacionales que obtienen rentas millonarias? ¿Qué hay de todas las actividades agropecuarias y de pesca del estuario? ¿Qué ocurrirá con la Reserva de Pesca del Guadalquivir, investigada con mimo y esfuerzo continuo durante décadas por Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica? ¿Cómo es posible que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural no haya planteado los riesgos que estas autorizaciones suponen para la salud del estuario y sus ecosistemas y actividades económicas ya establecidas? ¿Cómo se contrabalancean los empleos de las minas con los residuos sólidos, balsas y, ahora, un estuario contaminado, cuyos efectos son prácticamente inextinguibles, y con los empleos, muchísimos más numerosos, del resto de actividades?
Cada una de las actividades mencionadas son generadoras de micro y meso socio-ecosistemas, con problemas ya heredados y para cuya solución es preciso un nuevo enfoque de gobernanza en todo el estuario, como ha sido reclamado desde distintas voces, incluida esta tribuna y por mí mismo. La naturaleza que queda cartografiada en el estuario, las zonas aledañas, incluidas las marismas y el Espacio Natural de Doñana, se disgrega en decenas de saberes, prácticas y experiencias con las que nuestros antepasados y coetáneos siguen dialogando con el río. Si hay problemas, es preciso pensar colectivamente en solucionarlos, y no en echar más mierda al río, en este caso, una de una particular cualidad nociva, los metales disueltos que son incompatibles con la vida, una vez que han sido liberados por el contrato fáustico que agentes del capital transnacional están pergeñando con los responsables políticos.
Tres conclusiones inequívocas obtuvimos en la jornada: i) el principio de precaución debe ser aplicado en este caso, y paralizar las autorizaciones de los vertidos mineros; ii) es fundamental poner en marcha un mecanismo de gobernanza multilateral con participación de la sociedad civil, poderes locales, las administraciones competentes y personal académico especializado, que genere informes sobre ecotoxicidad relacionada con los vertidos; iii) dado que los partidos que gobiernan las instituciones están más interesados en promover determinados intereses —aun en contra del interés general— y parecen haber desarrollado una especial afición por esperar que se desencadenen los efectos irreversibles para poder acusarse mutuamente de irresponsabilidad, la movilización social parece la única vía para responder todas estas preguntas…, que no deberían haberse formulado.
P.S. En estos últimos días, Jesús M. Castillo, profesor de Ecología en la Universidad de Sevilla, ha culminado un informe científico que documenta contaminación severa por metales en la zona alta del estuario, relacionada con el vertido de la Mina de Cobre las Cruces, desde 2009. En paralelo, junto a Félix Talego y José Antonio Algarrada estamos contactando con distintos ayuntamientos y organizaciones para extender, por capilaridad, la información y la necesidad de una acción social desde el territorio.