Las inmatriculaciones realizadas por la jerarquía católica a lo largo de decenas de años tienen como denominador común un Estado que no termina de ser aconfesional, haciendo posible su resultado, y una jerarquía católica anclada en el dogma, el poder, el dinero y el prestigio, todo lo contrario a los valores de Jesús de Nazaret: amor, justicia y paz. Como afirma el teólogo José M. Castillo: “los obispos creen más en la riqueza que en el Evangelio de Jesucristo”.
Las diferentes plataformas ciudadanas patrimonialistas, defensoras de nuestro patrimonio, unidas a colectivos como Europa Laica, Redes Cristianas o Comunidades Cristinas Populares (CCP) vienen luchando desde hace años por conseguir que se hiciera público el listado de inmatriculaciones, uno de los males endémicos del Estado español, y porque el Gobierno invalidase las inmatriculaciones de aquellos monumentos que no tuviesen título de propiedad. Ahora se desdicen de lo que prometieron en el discurso de investidura de Pedro Sánchez y en sus programas electorales (PSOE y Unidas Podemos). Casi tres años después de haberlo asegurado, el gobierno de coalición hace público el listado de 35.000 bienes, acompañado de un informe en el que cuestiona la constitucionalidad de las inmatriculaciones, pero prefiere lavarse las manos delegando en los ayuntamientos y particulares la reclamación indebida de los bienes. El Estado español es el que tendría que proteger nuestro legado patrimonial como así hizo Francia, desde 1905 (el patrimonio pertenece al Estado y el usufructo a la Iglesia), o en Portugal con el concordato de 1940, en plena dictadura de Salazar.
Con el consentimiento de los Gobiernos del PP y PSOE la jerarquía católica ha ido enriqueciendo su legado con su particular modus operandi: el Estado realiza la inversión pública, acorde con la Ley de patrimonio de 1985, mientras ellos cobraban las entradas a modo de donativos, es decir, exentos de impuestos. Millones y millones de euros se embolsa la jerarquía católica, obispados y cabildos, cada año por visitar los monumentos (catedrales, Mezquita de Córdoba, Giralda de Sevilla). ¿Dónde va destinado ese dinero? Una parte considerable a su propia estructura, en construir colegios privados, en fondos de inversión, en mantener a sus medios de comunicación como la COPE o 13TV… Cáritas u otras obras sociales apenas se ven favorecidas por estas recaudaciones.
Las CCP se preguntan ¿qué tiene que ver todo ese negocio con el Evangelio?, ¿Qué tiene que ver Jesús de Nazaret con esta lujuria de poseer y acumular bienes? El evangelio nos recuerda que “es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos.” ((Mt 19, 24 par). Se siguen preguntando ¿qué tiene de parecido un seguidor de la comunidad del Nazareno con un cardenal o un obispo? Los primeros, a petición de su maestro, “tenían que dejarlo todo” (Mc 10, 28; Mt 19, 27; Lc 18, 28), los segundos viven en sus monumentales palacios episcopales. Y siguen cuestionando ¿qué llevaban los primeros seguidores de Jesús de Nazaret y cómo van los obispos y cardenales? Los llamados discípulos no llevaban nada para cumplir su misión ((Mt 10, 9-10; Mc 6, 8), los jerarcas visten con ricas mitras y báculos, con vistosos anillos de oro y perlas preciosas, con capas pluviales bordadas con hilos de oro.
Bajando al terreno de lo legalidad nada se le está quitando a la Iglesia católica que mantiene intacto su derecho a registrar lo que crea que le pertenezca, pero acreditándolo sin privilegio alguno. Estos privilegios (inconstitucionales) permitieron que los obispos pusieran a su nombre la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Catedral de Burgos, mientras en otros países de Europa la Catedral de Lisboa o la Catedral de Nôtre Dame pertenecen al pueblo.
Por todo ello las CCP de Andalucía y del Estado español, junto a otros colectivos, exigen al Gobierno que el domino público sea intransferible. Perteneció a nuestras generaciones pasadas, pertenece a nuestras generaciones presentes y pertenecerá a nuestras generaciones futuras. El patrimonio religioso debe estar inscrito en el patrimonio nacional. Ha sido el fruto del trabajo y las aportaciones del pueblo a lo largo de la historia. Al mismo tiempo, también demandan que la nulidad de las inmatriculaciones efectuadas sin un título de propiedad sean innegociables. No es de recibo que al inscribir un monumento por 30 euros lo administren y se lucren de sus ingresos por la venta de entradas, pudiendo llegar a alcanzar los 20 millones de euros, como es el caso de la Mezquita de Córdoba.
Nuestra fuerza es la tenacidad, la unidad y el convencimiento para conseguir los objetivos justos que estamos reivindicando. Todo sea por un verdadero Estado Social y Democrático de Derecho, moderno y laico.
Autoría: Miguel Santiago Losada, en nombre de las Comunidades Cristinas Populares de Andalucía.