El sistema alimentario global parece estar en jaque. La guerra en Ucrania ha traído a primera página los graves problemas estructurales de producción y distribución de alimentos. Algunos de ellos han visto disminuir su oferta, bien porque no pueden producirse, bien porque no se pueden hacer llegar a los puntos de consumo. Esta situación es una evidencia de la fragilidad de un sistema que debería funcionar con carácter de esencialidad pero que hemos globalizado, lo que genera una interdependencia de zonas geográficas muy distantes para acciones que deben ser cotidianas, sencillas, esenciales.
La inseguridad que generan los conflictos internacionales tiene, como efecto inmediato el acaparamiento de recursos, y eso, acto seguido, por las leyes básicas de la oferta y la demanda a un aumento de los precios que acaba extendiéndose al resto de la cesta de la compra y con ello a una escalada de la inflación. En eso ya estamos en Andalucía, aunque las bombas no hayan llegado aquí.
La inflación tiene un efecto claramente nocivo en las clases trabajadoras que ven como sus condiciones de vida se empobrecen, esto es, suben los precios de los productos esenciales mientras se tiene el mismo sueldo con lo cual, se pueden comprar menos cosas. Un sueldo que, debido al estrechamiento de los márgenes comerciales y beneficios de las empresas, no va a subir a corto plazo.
La cadena de consecuencias malignas puede continuar. Puede agravarse. La historia nos muestra el proceso repetido una y mil veces y que podría resumirse en un contundente flash: Cuando suben los alimentos, caen los gobiernos. Cuando suben los alimentos, se disparan las revoluciones, caemos en una gran inestabilidad global. En directo podemos seguirlo ahora en Sri Lanka.
Sin embargo, los gobiernos en épocas de bonanza suelen prestarle poca atención al sistema alimentario. Tan poca que, una cuestión tan esencial, acaba dejándose de facto en manos de compañías privadas. En el sistema alimentario andaluz, estatal y global son un pequeño puñado de corporaciones las que toman las grandes decisiones. Basten unos pequeños datos: Casi el 80% de la alimentación está basada en cinco productos esenciales: trigo, maíz, soja, patata y arroz. Pues bien, las semillas, la maquinaria y sistemas de producción, la distribución de ellos está en manos, casi en exclusiva de tres grandes compañías (Bayer, Syngenta, Dupont).
Cuando se traspasa el poder del modelo alimentario al sector privado se produce una consecuencia crucial: los alimentos dejan de tener la vocación de cubrir necesidades básicas para la vida y se convierten en otro producto mercantil, esto es, disminuye el peso del criterio de abastecimiento de la población y gana peso la idea de que lo importante es que se compre y se venda para generar economía y PIB. Lo importante es que se compra y se venda, que se transporten, que generen movimiento económico, no es tan importante que se consuman. Desde luego aquí tenemos una posible y clara explicación de por qué acaban en los vertederos más del 30% de los alimentos producidos o por qué algunos fomentan ese mito de que hay que seguir aumentando producción para alimentar a la gente, escondiendo que ya, hoy, producimos alimentos suficientes para abastecer la población que habrá en el 2.050.
La crisis social y económica derivada del COVID19 deja en evidencia las falacias del sistema. En un informe elaborado por Intermon Oxfam, se pone de manifiesto que durante la pandemia 573 nuevas personas se convirtieron en multimillonarias, muchas de ellas con negocios en la alimentación o la energía, y a la vez, 263 millones de personas más se están viendo abocadas a la pobreza extrema (casi un millón más por cada 33 horas que pasan).
Fortalecer la gobernanza alimentaria tiene que ser un objetivo básico en todo programa de gobierno. Recordemos que esta idea fue una de las impulsoras de la Política Agraria Común cuando se puso en marcha en la década de los cincuenta del siglo pasado. Andalucía es una tierra privilegiada, orgullosa de su sector primario. La fertilidad del suelo, su clima, el buen hacer de sus pescadores, agricultores, ganaderos así lo demuestra. No sólo para abastecernos sino también para hacer llegar productos excelentes a los mercados más exigentes del mundo. El VAB del sector primario andaluz supone el 36,9% del total del estado español.
En este escenario, Andalucía parece formar parte de una huida hacia adelante en el sector primario. Dos motores nos llevan rápido hacia el abismo, la productividad y la intensificación. Unos patrones de trabajo que están llevando, entre otros males, a exprimir Doñana, a reventar el sector tradicional olivarero, a esquilmar las tierras del Altiplano Granadino y Los Velez, o arrinconar a la ganadería extensiva.
Algunos insensatos siguen reclamando un aumento del número de hectáreas de regadío. Es un hecho constatado: No hay agua. Flaquísimo favor que le estamos haciendo a nuestra gente, a nuestra tierra. A la de ahora, a la que vendrá. Los cambios de uso de suelo, la esquilma de los acuíferos, la especulación sobre el uso y el precio del suelo, el uso intensivo de fertilizantes, herbicidas, fungicidas sólo responde al patrón del cortoplacismo, uno de peores tumores que sufrimos todos.
Cualquier gobierno resultante de las próximas elecciones andaluzas tiene en el sector agroalimentario, la gestión del territorio, el despoblamiento rural y la crisis climática, quizás su mayor reto para la próxima legislatura. Porque la subida media de las temperaturas, la sequía, la tensión en el mercado global de alimentos, va a ponernos en el frontispicio nuestra dependencia del medio rural, del sistema de producción de alimentos que es, gran en medida de lo que depende nuestra calidad de vida, sobre todo en el espacio urbano y la costa en las que, no olvidemos, no se generan los recursos imprescindibles para su subsistencia.
Irá cobrando, cada día más relevancia y trascendencia otras formas de estructurar la cadena de valor alimentaria. Es cuando trataremos de refugiarnos en modelos y sistemas que están llamados a ser nuestro patrón de conducta en el futuro, ojalá que próximo. Tendremos que reforzar el sistema de producción ecológico (demandado ya por la Unión Europea a través del Pacto Verde y las Estrategias de Biodiversidad y de la Granja a la Mesa). Se potenciarán los canales cortos de comercialización, buscando la cercanía entre producción y consumo, aumentando en peso los criterios de productos de temporada, autóctonos, ecológicos. Se evidenciará la necesidad de defender las explotaciones agrarias familiares, precisamente las especializadas en el abastecimiento de las personas.
En la Fundación Savia venimos elaborando propuestas en este sentido y que nos lleva a defender la dehesa y la ganadería extensiva, el modelo de producción ecológico, los canales cortos de comercialización. Solicitamos una planificación del territorio para evitar la competencia entre sector alimentario y energético. Denunciamos el carácter abusivo de la ganadería industrial. Proponemos a los ayuntamientos que se incorporen a los preceptos del Pacto de Milán. Fomentamos la conciencia y el conocimiento sobre el consumo responsable. Animamos a las administraciones públicas a desplegar medidas que favorezcan el mercado interno de productos ecológicos. Hemos solicitado reiteradamente que el Parlamento Andaluz reconozca la emergencia climática,….,estamos demandando que se desarrolle el concepto de parque agrario y rural,…,
El próximo gobierno andaluz tiene en estos asuntos su clave de bóveda para los próximos años. No podemos seguir creciendo en volumen, es absurdo, necio, insensato, ignorante. El progreso se encuentra en la optimización de los recursos y la mejora del valor añadido. En el desarrollo de los mercados cercanos. En la continuidad de los trabajos y actividades agrarias a lo largo del año. La diversificación, la transformación. El futuro está en lograr una conceptualización integrada del concepto de economía circular y sostenibilidad. Porque es ahí donde estos conceptos despliegan sus bondades.
Que todos tengamos acceso a una alimentación sana, equilibrada, a precios accesibles, que sea producida, transformada y distribuida atendiendo a criterios de económicos, pero también sociales y ambientales es un reto colectivo de máximo nivel. Alimentarnos es un derecho, no puede ser un lujo para las personas en situación de vulnerabilidad. El sistema alimentario tiene la obligación de ser resiliente con el territorio y su gente, nos va el futuro en ello.
Este cambio de paradigma acabará produciéndose en la cadena de valor alimentaria. Será, o no seremos. Esa no es la cuestión, la clave, como en las mejores melodías es el ritmo, esto es, el grado de convencimiento que tenga el próximo gobierno andaluz de hacerlo, de ello depende la intensidad y rapidez de las medidas. Para que, lo lamentaríamos todos, no lleguemos demasiado tarde.