Es necesario y posible erradicar la pobreza hídrica de Andalucía

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En el marco de un proyecto de investigación sobre pobreza hídrica (WAPONET) se ha celebrado en Sevilla un encuentro entre investigadores de diferentes universidades (Universidad Autónoma de Barcelona, Politécnica de Catalunya, Oberta de Catalunya, Jaume I de Castellón, Alicante, Oviedo y Sevilla) y un numeroso grupo de agentes sociales coordinados en la Mesa Social del Agua, así como organizaciones que trabajan con colectivos vulnerables: Personas Sin Hogar (Proyecto La Carpa), Experiencias de barrios (Torreblanca, El Vacie), Grupo de Marginación y Vivienda de la APDHA,  Colectivo Asisti (temporeros agrarios), junto con el adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz, Ignacio Aycart.

En el encuentro se ha constatado que la accesibilidad al agua y saneamiento sigue siendo un problema importante en Andalucía: mantenimiento de asentamientos marginales, chabolismo, infraviviendas, hacinamiento en viviendas por parte de personas vulnerables, aumento de la presencia de personas sin hogar, continuación de la realidad de trabajadores temporeros inmigrantes en áreas rurales, etc. Falta información precisa sobre el alcance real de la pobreza hídrica, pero los indicios apuntan a que es más importante de lo que indican las estadísticas oficiales existentes.

No podemos afirmar taxativamente que sea un problema creciente, pero sí que ha sido un problema invisibilizado, de cuyas dimensiones hemos tomado conciencia recientemente. Se pueden encontrar situaciones de estabilización, agravamiento o incluso mejoría, pero en todos los casos se identifica la mencionada invisibilización, que está relacionada con la estigmatización, la exclusión y la segregación de las personas o colectivos afectados. Por tanto, los estudios de pobreza hídrica en Andalucía no deben eludir la consideración de la cuestión de la accesibilidad (falta de conexión), junto con la de la asequibilidad (nivel de las tarifas), muy especialmente en el medio rural.

Este problema de la accesibilidad al abastecimiento y el saneamiento, que deben situarse en el contexto más amplio de acceso a vivienda y condiciones de vida dignas, tiene cinco componentes principales interrelacionadas:

  • Marginalización y exclusión de colectivos o sectores sociales, debido a factores diversos, generalmente combinados, de carácter económico, cultural y/o étnico;
  • Dimensión tecnológica, a la que hay que apuntar con medidas alternativas de «ingeniería posible” para atender situaciones de ausencia de infraestructuras, así como adecuación de las mismas a su contexto social.
  • Aspectos jurídicos: concreción y facilitación de procedimientos para el acceso y eliminación de restricciones legales.
  • Dimensión sanitaria: reconocimiento del tema como un problema de salud pública.
  • Aspectos ambientales: deterioro de ecosistemas acuáticos, contaminación, cambio climático, sequías, etc. que agravan las situaciones existentes.

El acceso a agua y saneamiento asequibles debe contemplarse como un derecho humano y en absoluto como una cuestión de caridad. Para ello resulta fundamental avanzar en la concreción de este derecho en las leyes y reglamentos, especialmente en la escala municipal (prohibición de cortes, reconocimiento del suministro mínimo vital), así como adecuar los procedimientos administrativos a través de los cuales se accede a las ayudas.  En este sentido, es importante luchar contra la estigmatización que comporta la pobreza hídrica y la pobreza en general especialmente entre las personas mayores, las mujeres y los menores, mejorando además la identificación de los colectivos afectados y su reconocimiento como sujetos de derechos. Existe la impresión generalizada que esta normativa local debiera estar respaldada con un marco normativo de mínimos de escala estatal o autonómico, que debe ser garantizado, concretado y desarrollado por las administraciones municipales competentes.

Factores como la necesidad de importantes inversiones para garantizar la calidad del agua o mejorar el estado de las infraestructuras pueden servir de argumento para justificar posibles aumentos de precio e impuestos del agua en el futuro que, a su vez, pueden exacerbar la pobreza hídrica. Hacer frente a este problema exige la máxima trasparencia en la identificación de costes, como requisito para captar la confianza de la sociedad y la consiguiente legitimidad de las decisiones financieras.

Como telón de fondo de todo el debate, es indudable que la solución de los problemas vinculados a la pobreza hídrica pasa fundamentalmente por ejercicios de voluntad política que modifiquen marcos normativos e institucionales, implementando los recursos humanos y económicos que estos graves problemas requieren.

Autoría: Leandro del Moral, geógrafo, y Ángela Lara García, arquitecta.