LA NECESIDAD DE CAMBIO DE MODELO PRODUCTIVO EN EL OLIVAR
En las últimas semanas hemos vivido las movilizaciones del campo en la provincia de Jaén, dentro de las movilizaciones del campo a nivel estatal, en torno a la problemática que supone que el precio de venta del aceite para los productores sea inferior al de los costes de producción. Ante esta situación, las principales organizaciones de agricultores, como ASAJA, COAG o UPA, han lanzado dichas movilizaciones reivindicando intervención del gobierno, que cambie el modelo de fijación de precios a lo largo de la cadena alimentaria desde los productores a las distribuidoras, que haya controles de calidad para evitar las mezclas con otros aceites o apoyo al olivar con dificultades, al mismo tiempo que se pide autorregulación del mercado o más agua para que el olivar sea competitivo. Se pide el apoyo al olivar para fijar población en el medio rural, pero en ningún caso se piden mejores condiciones sobre las condiciones de trabajo de los temporeros. Estas reivindicaciones expresan una problemática que es real, pero también reflejan unos intereses de una mezcla de grandes, medianos y pequeños productores, dejando fuera la problemática de los recolectores de aceituna, grupos de trabajadoras y trabajadores formados cada vez más por población migrante, sin apenas derechos ni condiciones laborales dignas.
Desde la ultraderecha de Vox, se aprovecha a su vez esta cuestión para llevarlo a su terreno, pidiendo aranceles al aceite proveniente del norte de África y también más agua para que el olivar sea competitivo. Ponen así el acento de la problemática en los de fuera y en el modelo del olivar de regadío, no entrando en el factor oligopolístico de la comercialización del aceite o en las consecuencias del olivar intensivo, dos cuestiones en las que vamos a tratar de profundizar, antes de articular la propuesta que se hace en este artículo.
La producción del aceite de oliva en Jaén se caracteriza por el hecho de que, a diferencia de lo que ocurre en el campo andaluz salvo, excepciones, la estructura de la tierra es fundamentalmente de pequeñas propiedades. En la mayoría de los pueblos de la provincia, es rara la familia que no tiene un pequeño olivar, de tal forma que el olivar supone en muchos casos un complemento y no la actividad principal de la que viven los hogares. A su vez, en cada pueblo suele haber al menos una cooperativa (almazara) en la que se prensa y obtiene el aceite. En muchos casos, estas cooperativas de primer grado se unen entre ellas formando cooperativas de segundo grado, como es el caso de Dcoop o JaenCoop; pero, en otros muchos casos, las pequeñas almazaras venden directamente a las comercializadoras, que venden el aceite con sus propias marcas; son proveedoras de las marcas blancas de los supermercados o bien exportan el aceite a granel o envasado.
La actual estructura de producción y comercialización del aceite se caracteriza por una descentralización en la producción (las cooperativas de 2º grado solo aglutinan el 35% de la producción), mientras que la comercialización sí está bastante concentrada (los 10 grupos principales controlan más del 65%). Con esta estructura es claro que los pequeños productores se encuentran a merced de las comercializadoras y las distribuidoras.
Si analizamos qué ha sucedido con los precios en los últimos años, comparando los precios en origen con la media de los precios de las marcas blancas en los supermercados, observamos cómo ambos han descendido, pero con mayor intensidad en origen, por lo que el margen de beneficio de las distribuidoras se ha ampliado. En el caso del Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE), la diferencia se ha ampliado hasta casi los 2 euros por litro.
Fuentes: Olimerca y Comisión Europea
Otro factor que influye en el precio es la productividad del olivar. En los últimos años han venido proliferando las producciones en intensivo o superintensivo, combinado con los regadíos cuando se trata de cultivo de secano. Esta cuestión, unida a la eliminación de las cubiertas herbáceas con herbicidas y la sustitución del enriquecimiento tradicional de la tierra por los fertilizantes, hacen del olivar un cultivo muy productivo, pero que apenas genera riqueza en el lugar y es profundamente insostenible, dibujando un horizonte desértico para las próximas décadas. Este tipo de cultivos permiten bajar el precio en origen, arruinando a pequeños productores a los que no les es posible implantar dichos métodos (por la necesaria inversión, extensión de la propiedad, características del terreno…).
Por último, y para ser rigurosos, hay que mencionar que en el precio también influyen otros factores derivados del mercado internacional del aceite de oliva, al cual se destina entre el 60% y el 70% de la producción en el estado español, por lo que somos el país que más aceite produce del mundo; de esa producción, en torno al 70% se produce en Andalucía.
Por tanto, ante este modelo productivo que fija las ganancias en las grandes distribuidoras y comercializadoras, arruina a los pequeños agricultores, explota a los temporeros y dibuja un horizonte terrible desde el punto de vista ecológico, urge llevar a cabo un cambio de modelo productivo que genere riqueza y la reparta, que sea respetuoso con el medio ambiente y las futuras generaciones.
COMERCIALIZACIÓN PÚBLICA. PRODUCCIÓN COMUNITARIA
El cambio de modelo productivo que se propone parte de la base de que dicho cambio deberá incluir nuevas formas de organización social y de reparto de la riqueza. El modelo liberal ya sabemos que no genera más que precariedad, pero el modelo estatalista y productivista también se ha demostrado fracasado como consecuencia del anquilosamiento y la burocracia. Partimos, por tanto, de las mejores experiencias de colectivización que se dieron en el campo andaluz en el siglo XIX o durante la guerra civil, pero sin renunciar al uso de las instituciones del estado, sino más bien combinando ambas lógicas.
En consecuencia, el modelo que debería imponerse es un modelo de economía mixta, en el que la empresa matriz y tractora del sector sea pública, pero las unidades fundamentales de producción sean comunitarias. Se trataría, por tanto, de extender la economía social más allá de lo marginal, bajo el amparo de lo público.
En lo concreto, el cambio de modelo pasaría por la creación de una empresa pública, que centralice la comercialización del aceite, pudiendo hablarle de tú a tú a las grandes distribuidoras a nivel nacional e internacional, y por tanto pudiendo generar una dinámica propia sobre los precios de venta al público y de compra a los productores. Se trataría de aplicar el modelo Mercadona, usando el modelo monopolístico bajo la economía de mercado, pero poniendo su gestión y sus beneficios bajo control social. Para que esto último sea efectivo, habría que buscar un modelo de empresa pública al estilo de la cooperativa de servicios, donde el capital fundamental sea público pero que también esté participada por las pequeñas cooperativas, dejando la institución a buen recaudo de los vaivenes electorales.
La función de esta comercializadora es cuádruple:
1. Fijar la cadena de valor territorialmente. En este punto, además de la política de precios, será necesario apostar por el desarrollo de una industria propia asociada a la transformación de la aceituna en aceite. Es decir, la maquinaria de recolección, de las almazaras, etc… Hay ahí toda una industria por desarrollar anclando el valor en nuestra tierra.
2. Mejorar la comercialización del aceite. Actualmente la puesta en valor de nuestro aceite es más que mejorable. Además, es fundamental una política exportadora que apueste por menos cantidad y más calidad, modelo que a la larga es más sostenible económica y ambientalmente.
3. Transformar el modelo social de producción. Avanzar hacia un modelo de producción comunitaria, es decir, un modelo basado en la igualdad entre productores, reparto de la riqueza y toma de decisiones de forma colectiva.
4. Garantizar la mejora continua del sistema. Una mejora continua que permita que la venta de aceite a nivel internacional sea rentable, y que a la vez podamos disfrutar de menos esfuerzo y menos horas de trabajo, es decir, de más tiempo libre.
Ahora bien, ¿cómo modificamos no solo la cadena de valor, sino también el patrón productivo y social? ¿Cómo desarrollamos un cultivo que no genere desigualdades entre propietarios y trabajadores?
El principio sobre el cual pivota la viabilidad de la propuesta es precisamente el margen que existe actualmente entre el precio de venta al público y el precio en origen. El control de los comunes sobre la cadena de valor permitiría pagar mayores precios en la escala productiva primaria sin repercutir en el precio de venta final. Es decir, al invertir los actuales beneficios en mayores precios en origen, se hace posible primar determinadas formas de producción sobre otras sin tener que recurrir a subvenciones.
La política que hay que implantar consiste en que la comercializadora pague en origen un precio en función de cómo se realice la producción, de tal forma que se genere una dinámica que excluya del mercado a quien no cumpla con unas condiciones medioambientales y laborales dignas y promocione las formas cooperativas y comunitarias.
El objetivo no sería que dicha comercializadora tuviese grandes beneficios, sino que se fijara valor en el territorio, que el aceite fuese de calidad, se eliminase la explotación y que la producción esté en armonía con la naturaleza. El objetivo, en definitiva, no es otro que garantizar el mantenimiento de las bases materiales para la reproducción de la vida y, por tanto, de nuestra propia existencia.
Autoría: E. Cantos. Ingeniero aeronáutico.