El pin parental y otras armas de coacción

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El concepto de “pin parental” surgió como un mecanismo de control de los progenitores sobre los contenidos audiovisuales que podían recibir o a los que podían estar expuestos sus hijos e hijas. Han sido las propias plataformas audiovisuales, que elaboran o difunden dichos contenidos, las que han ofrecido a progenitores o tutores legales la posibilidad de bloquear determinados canales o servicios, como el de vídeo bajo demanda.

Desde su aparición, el partido de nombre en latín ha dado sobradas muestras de su agilidad a la hora de hacerse con conceptos, ideas e incluso eslóganes de otros, para adaptarlos perversamente a sus intereses. Así ha ocurrido con el denominado “pin parental”, un mecanismo que, según sus propias declaraciones, tiene como objetivo evitar “el adoctrinamiento en ideología de género que sufren los menores en los centros educativos”; en la práctica, se trata de una solicitud dirigida a la dirección de los centros educativos “para que informen a los padres sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad”.

Para los negadores de la violencia machista, este ejercicio de control y coacción se presenta, no podía ser de otra forma, como un acto de protección. Esta manipulación suele ser un clásico de los sistemas autoritarios, que pretenden disolver la previsible reacción contraria al control, presentando las actuaciones coercitivas como actos protectores de un “duce” paternal que cuida de sus díscolos hijos a quienes hay que proteger, incluso de sí mismos.

Pero vamos por partes. En primer lugar, el llamado “pin parental” no está pensado para “las” escuelas, para todas las escuelas, sino solo para aquellas donde no llega, de momento, su control ideológico, es decir, la escuela pública. Por tanto, se trata de instrumentalizar a ciertas familias para que controlen al profesorado de sus hijos e hijas, al que no pagan directamente, porque al que pagan, directamente e indirectamente, en los centros con ideario, caso de la educación privada concertada, a ese ya lo controlan.

En segundo lugar, la supuesta protección se ejerce de manera que entorpezca todo lo posible el que otro alumnado reciba esos contenidos; es decir, por razones prácticas, para hacer factible el uso del “pin parental”, lo mejor sería eliminar determinados contenidos “controvertidos”, conformando de paso un alumnado que en poco tiempo pueda ser potencial votante del partido. Y tan contentos.

En tercer lugar, para tratar de justificar su petición, invocan “su” derecho a ejercer dicho control. De nuevo, en el contexto educativo, el concepto de derecho aparece manipulado, como cuando se invoca el presunto derecho de las familias a “elegir” la educación de sus hijos e hijas. Un derecho que puede ejercerse, sin duda, pero no hay obligación de que dicha elección la paguemos a escote todos y todas, tanto quienes  pueden permitirse elegir, como quienes no. En cuanto al derecho a controlar la formación moral o religiosa que reciben sus vástagos, efectivamente, pueden e incluso deben hacerlo, pero hay valores y contenidos que no están en cuestión. Por poner un ejemplo: no son cuestionables los valores éticos ligados a la defensa de los derecho humanos.

Ocurre además que sus ansias controladoras no se quedan en lo que se declara, que ya es lo suficientemente ambiguo, transversal, dicen, como para que se pueda intentar intervenir tanto los contenidos de ciencias sociales como los de valores éticos o los de ciencias físicas. De hecho, la memoria histórica, o cualquier contenido relacionado con la historia del siglo XX, en España o Andalucía, también quiere ser controlado e intervenido.

Traigo aquí a colación lo sucedido en Sevilla, en el mes de noviembre último, en un centro de Secundaria y Bachillerato, a propósito de unas jornadas de memoria histórica que quisieron impedir; presumiblemente una persona con acceso directo al grupo parlamentario del partido de nombre en latín movió ficha para movilizar a la inspección educativa provincial. Al objeto de darle a la posible intervención manu militari apariencia de protectora legalidad, se encargó expresamente analizar los contenidos que se iban a difundir por si contuvieran un nivel de violencia inadecuado para el alumnado. Vaya a ser que los y las jóvenes estudiantes se enteraran de que las fuerzas paramilitares de Falange rapaban y violaban sistemáticamente a las mujeres rojas, animados por las charlas radiofónicas del general genocida Queipo de Llano y ello hiriera su joven sensibilidad…

Y luego está la cuestión de la ideología. La secta abascaliana, y otros partidos que incluso se atreven a llamarse “constitucionalistas”, acostumbran a denominar “ideología” a todo cuanto no coincide con su esquema de pensamiento. Pretenden hacernos creer, por una parte, que ellos carecen de ideología y, por otra, que toda ideología manipula y oculta la realidad, cuando en verdad ideología es cualquier conjunto de ideas que caracterizan a una persona o a un colectivo y que componen su cosmovisión.

La puesta en marcha de procesos de control, manipulación y coacción, con mecanismos tales como el llamado “pin parental”, está empezando a tener nefastas consecuencias dentro y fuera del sistema educativo público. En primer lugar, en no pocos claustros, de forma individual o colectiva, ha empezado a funcionar la autocensura. En segundo lugar, hay que decir que cuando se somete a alguien a este control arbitrario, injusto e injustificable, se arroja una sombra de sospecha sobre él, convirtiéndolo en persona no digna de confianza. Se tarda mucho en conseguir que familias y profesorado tengan una relación de confianza y está comprobado que es uno de los factores que inciden positivamente en la educación del alumnado. La quiebra de esta confianza, más pronto que tarde, vendrá a incidir también en el deterioro de la educación pública, de manera que sea todo el sistema el que resulte sospechoso.

En cuanto al adoctrinamiento, precisamente la clave para evitarlo no es el control ni la coacción, sino posibilitar que el alumnado pueda acceder al conocimiento a través de personas diversas, con ideologías diversas y formas de pensar diversas, de modo que la institución escolar sea ese lugar en el que, como en la vida, nos encontramos la diversidad dentro de la escuela. Por definición, una escuela adoctrinadora es aquella que deja la diversidad fuera.

Hay que decir de una vez que la escuela pública no adoctrina, excepto cuando se “imparte” religión, en días y horas concretos, por un no profesional de la enseñanza, elegido por la autoridad eclesiástica y pagado con fondos públicos, de un estado que se declara aconfesional. El resto de los contenidos de la escuela pública están regulados y presididos por los principios del rigor, el cientifismo y los valores que consagran los derechos humanos, esos que también garantizan la dignidad, la vida y la libertad de los liberticidas, los indignos y los intolerantes. La cuestión es paradójica y nuestra deficiente democracia soporta mal las paradojas; que quienes quieren acabar con la tolerancia y la libertad de ideas y de pensamiento, estén esgrimiendo para lograrlo precisamente la tolerancia y la libertad es una prueba de ello.

Es importante enfrentar esta situación redoblando los esfuerzos por trabajar colaborativamente desde los centros educativos con las familias, prestando apoyo a quienes se pretende desprestigiar o convertir en sospechoso, evitando la autocensura y combatiendo la coacción y el control de forma que a quienes pretenden acabar con la libertad de ideas y pensamiento no les salga gratis.

De nosotros y nosotras, del profesorado, pero también de la sociedad civil, de todos y todas depende que resolvamos la paradoja o que dejemos a quienes “oran y embisten, cuando se dignan usar la cabeza” que campen a sus anchas.