En la última década (2011-2020), mientras se recortaba casi todo lo social y empeoraban las condiciones de vida de la gran mayoría de la población en el Estado español, el valor del patrimonio de las 200 grandes fortunas se ha duplicado, pasando de 129.400 a 266.500 millones de euros. Los diez mayores patrimonios pasan de acaparar un 32,1% del total de los 200 en 2011 a acumular el 47,6% del mismo en 2020 (Informe anual de El Mundo). Este enriquecimiento de los más ricos no tiene como fuente “lo productivo”, como muestra la evolución del PIB, que apenas crece en este período, ni es el resultado de trabajo, utilidad o función social alguna; es consecuencia de la mera revalorización de activos, financieros, inmobiliarios u otros; del aumento del precio de acciones y títulos adquiridos muchos de ellos con lo obtenido en revalorizaciones anteriores; “lucro sin contrapartida” como señala José Manuel Naredo en su Taxonomía del lucro. Formas de hacer dinero predominantes en esta etapa del capitalismo que engordan a una oligarquía parasitaria que ve así acrecentarse su capacidad de compra para poder seguir aumentando su riqueza y su poder. Una élite económico-política que solapa con frecuencia sus comportamientos especulativos con prácticas depredadoras de caciquismo clientelar, tratos de favor y saqueo de lo público que le permiten ampliar la apropiación de riqueza ya producida.
En 2020, de estas 200 grandes fortunas, más de la mitad están localizadas en Cataluña, Madrid y el País Vasco, concentrándose en estos centros hegemónicos la riqueza y el poder dentro del Estado. Andalucía se sitúa en la otra orilla, con 11 apellidos entre los 200 y el 2,2% del valor patrimonial[i]. Según estos datos, la élite económica andaluza ocupa un lugar residual en la distribución del poder económico dentro del Estado; en su conjunto es una élite raquítica, con dos actividades predominantes asociadas a los apellidos que la integran: la agroalimentaria y en mucha menor medida el binomio construcción y turismo. La situación periférica de Andalucía, empobrecida y subalternizada por su dedicación, -área de extracción y de vertidos-, no debe ser ajena a esta jerarquización de las grandes fortunas dentro del Estado.
La evolución de los patrimonios vinculados a los activos agrarios o agroalimentarios, sobre los que se ha venido sosteniendo históricamente el poder de las élites en Andalucía, ha experimentado en las cuatro últimas décadas una doble trayectoria. Por un lado, la parte más saneada del acervo empresarial local ha sido apropiada y/o puesta al servicio de estrategias financieras de creación y apropiación de valor por parte de grandes corporaciones transnacionales, con una fuerte pérdida de protagonismo del capital y los grupos locales de poder. La novela de Caballero Bonald En la casa del padre da cuenta de cómo para esta vieja oligarquía agraria, “centinelas de la patria” española, acostumbrada a ostentar “una preponderancia aprendida de otra preponderancia”, en los 80 del siglo pasado “todo tenía ya un áspero, un insorportable olor a decadencia”.
Dentro de este grupo nos encontramos con apellidos como Domecq, Osborne, Larios, o Carbonell, cuyos patrimonios empresariales fueron adquiridos por grandes corporaciones a partir de mecanismos apoyados en la “creación de valor” a la que antes me refería, como la emisión de títulos, deuda no exigible que les proporciona capacidad de compra y hace posible la apropiación de riqueza ya creada. En el caso de la adquisición, a finales de los noventa, del grupo Cruzcampo por Heineken (649 millones de euros), la multinacional cervecera consigue muy pronto sumar a esta apropiación la de plusvalías por valor de 300 millones de euros generadas por una operación de especulación inmobiliaria en los terrenos donde se situaba la fábrica. Para eso hubo que cambiar el plan urbanístico de Sevilla, que tenía como pilar básico “la participación ciudadana”. En una maniobra especulativa que se justifica por parte de la corporación municipal, gobernada por un pacto entre el PSOE e Izquierda Unida, por la búsqueda y utilización de “espacios de oportunidad” bajo el lema: «Sevilla, la construcción de un sueño». Espacios donde pueda hacerse dinero conforme a las nuevas formas de enriquecimiento, en este caso recalificando terrenos que al convertirlos en residenciales se considerarán más “productivos” por las plusvalías que se obtienen a partir de su revalorización. Utilizando la metáfora de la producción se procura la apropiación de riqueza a partir de un proceso meramente especulativo.
Con estas adquisiciones, los grupos apropiados pasan a ser piezas de un puzle gobernado desde estrategias financieras propias del capital global, utilizándose ahora una parte de los establecimientos para la distribución y/o el embotellado de marcas globales, globalizándose también los proveedores, o trasladándose la producción, como ocurrió en el caso de Larios, fuera de Andalucía, con el consiguiente deterioro de los tejidos económicos locales.
El otro camino seguido por esta burguesía agroalimentaria ha sido el de prosperar con la globalización de sus negocios o, utilizando su posición de poder, convirtiéndose en concesionarios de grandes corporaciones multinacionales. En este grupo, entre las familias que han expandido sus negocios hasta convertirlos en globales o han prosperado con la adjudicación de procesos de elaboración y distribución de grandes marcas multinacionales encontramos apellidos como González-Gordon, Osborne, Caballero, las ramas familiares Bohórquez Domecq o los Mora-Figueroa Domecq, todas fortunas ligadas en su origen a la vieja oligarquía terrateniente-bodeguera jerezana.
De los integrantes de esta burguesía vinculada al marco de Jerez quienes han alcanzado los valores patrimoniales más altos, la familia Mora-Figueroa Domecq y Ana Bohórquez Escribano (4º y 6º lugar en Andalucía en 2020), lo han hecho como concesionarios de la mayor corporación mundial de bebidas: Coca-Cola, cuya franquicia, Rendelsur, ha ido experimentando un fuerte proceso de crecimiento, llegando a ocupar durante muchos años el segundo lugar, después de Heineken, entre las empresas agroalimentarias con sede en Andalucía. La revalorización de los activos financieros de esta empresa ha sido el fundamento del auge patrimonial de estas familias.
Los Mora-Figueroa Domecq regentan hoy un extenso entramado de fincas, con 25.000 hectáreas de tierra de su propiedad, bodegas, suelo e inmobiliarias. Propietarios de grandes latifundios como Las Lomas, (12.000 hectáreas), son también los dueños del Santa María Polo Club de Sotogrande, punto de encuentro de las mayores fortunas del mundo. Como otras muchas familias de terratenientes andaluces, la familia Mora-Figueroa sobresalió por su apoyo a la sublevación militar de 1936 y al franquismo después. Como cuenta Paul Preston en el capítulo de El holocausto español “El terror de Queipo: las purgas de Andalucía”, miembros de la familia Mora-Figueroa fueron destacados integrantes de Falange y participaron activamente en la insurrección encabezando una columna junto con otros representantes de la oligarquía terrateniente jerezana que llegó a conocerse como “el Tercio Mora Figueroa” que protagonizó la toma y la represión de una parte de la provincia de Cádiz, de la Serranía de Ronda, de Málaga capital y de zonas de Córdoba y Badajoz. El premio a esta fidelidad terminaría siendo su mejor negocio: la concesión de Coca-Cola en Andalucía y Extremadura. El reparto de las licencias de esta marca la hizo en 1951 Juan Manuel Sáinz de Vicuña, casado con María Fernanda Primo de Rivera, nieta del anterior dictador y miembro también de esta oligarquía terrateniente jerezana.
Esta vieja oligarquía agraria andaluza, que históricamente tuvo una participación decisiva en el empeño por construir un Estado-nación español, defendió siempre sus intereses “pensando en Madrid”; desde su integración en el bloque de poder dominante dentro del Estado, y desde su inserción o su influencia en las instituciones de gobierno del mismo. El reacomodo de parte de esta burguesía, que sigue ocupando un lugar importante dentro de las élites de poder económico en Andalucía, a los nuevos modos de convertir el dinero en más dinero no ha cambiado esa perspectiva sobre desde donde se protegen sus intereses.
Para ilustrar en los últimos años la conexión de estos clanes organizados con las redes de poder que garantizan la reproducción de sus posiciones de privilegio desde el Estado se puede tomar el caso de Miguel Arias Cañete, máxima expresión de las puertas giratorias y punto de intersección de diversos círculos de influencia económica y política. Casado con Micaela Domecq Solís-Beaumont, una de las mayores latifundistas de Andalucía, cuya familia recibió 1,8 millones de euros en subvenciones de la PAC mientras Arias Cañete era ministro de agricultura a través de empresas a las que él estuvo vinculado como administrador. El cruce entre los apellidos Domecq y Arias produce una densa maraña de intereses empresariales cuyo capital acumulado fue desviado en parte a paraísos fiscales, como mostraba la aparición de Micaela Domecq en “los papeles de Panamá”, en un ejemplo claro de cómo estas élites andaluzas continúan utilizando con impunidad el aparato del Estado, ampliado ahora al de la Unión Europea, para ampliar su riqueza y su poder. Continúan vigentes las palabras de Joaquín Costa en su Oligarquía y Caciquismo de 1901: El gobierno del Estado “no es un régimen parlamentario viciado por corruptelas y abusos, sino un régimen oligárquico servido por instituciones aparentemente parlamentarias donde eso que llamamos desviaciones y corruptelas constituye la forma verdadera del Estado”
La Junta de Andalucía replica, acompaña y participa de este neocaciquismo desde una posición de clara subalternidad. ¿Qué hubiera dicho aquel jornalero andaluz que en la 2ª República, ante el capataz mandado por el amo para comprar su voto exclamó, negándose, “en mi hambre, mando yo” al enterarse de que los supuestos representantes del pueblo al que él pertenecía otorgaban en 2006 a Cayetana Fitz-James, Duquesa de Alba, veinte veces Grande de España, el título de Hija Predilecta de Andalucía?
[i] Para la localización de los patrimonios se sigue el criterio de ubicación espacial o residencial de las familias o individuos propietarios de los activos y no el del emplazamiento de las sedes de las empresas a los que estén vinculados.