En defensa de la Memoria Democrática

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Asociaciones memorialistas de Andalucía se han constituido en asamblea para analizar la situación actual de la memoria histórica y hacer frente al desafío que plantea la extrema derecha. Han elegido Málaga para celebrar esta reunión por su carácter de ciudad-símbolo. Recordemos que en Málaga se inició La Desbandá, en febrero de 1937, el mayor crimen de guerra contra población civil indefensa. También en Málaga se encuentra la mayor fosa común de las 700 que existen en Andalucía. Sin olvidar que fue la ciudad de Manuel José García Caparrós, asesinado el 4 de diciembre de 1977 cuando reivindicaba el derecho del pueblo andaluz al autogobierno. Durante la asamblea, los colectivos memorialistas han repasado las numerosas reivindicaciones que quedaron pendientes en la  anterior legislatura, a causa de la insuficiente financiación y la falta de compromiso por parte del gobierno del PSOE. Y han advertido las amenazas que se ciernen ahora sobre las políticas de memoria histórica, debido a la llegada de la derecha la Junta de Andalucía.

Así las cosas, la asamblea por la memoria andaluza ha manifestado su rechazo más rotundo a la anunciada Ley de la Concordia, por entender que es un caballo de Troya con el que el Partido Popular y Ciudadanos, bajo el chantaje de la ultraderecha, pretenden poner en marcha políticas de contra memoria. También se oponen a que se suprima la Dirección General de Memoria Democrática, un claro intento de menospreciar las legítimas demandas de las víctimas que, desde hace cuarenta años, vienen reclamando verdad, justicia y reparación. Y por supuesto, consideran una provocación que la comisión informativa de Memoria Histórica, en el Parlamento andaluz, sea presidida por una nostálgica de la dictadura que hace apología del franquismo. Por eso, advierten que se opondrán, con todas sus fuerzas, a la derogación de la Ley de Memoria Democrática de Andalucía, una ley en la que participó todo el movimiento memorialista y fue aprobada por el Parlamento, sin ningún voto en contra.

Comparto plenamente el análisis y las reivindicaciones de estos colectivos memorialistas, opuestos a una política de equidistancia que equipare a víctimas y verdugos. Y es que una sociedad democrática no puede permitir el negacionismo ni la manipulación histórica. Es decir, la memoria democrática debe denunciar y condenar el golpe franquista de 1936, que provocó la guerra civil, acabó con la legalidad de la II República e impuso una dictadura brutal, con más de 100.000 desaparecidos en fosas comunes, la mitad de ellos andaluces. Por tanto, hay que exigir al Partido Popular y a Ciudadanos  que  respeten la memoria de 50.000 andaluces que sigue enterrados en fosas y de aquellos que sufrieron la represión franquista en sus diversas formas: presos, exiliados e incautados; lo que supuso una violación masiva de los derechos humanos.

No puede existir concordia mientras no sean reconocidos e investigados los crímenes del franquismo. Dicho de otro modo, no habrá concordia mientras exista impunidad. Por eso,  es necesario apoyar a la jueza argentina María Servini y exigir la derogación la Ley de Amnistía de 1977. Recordemos que es una ley preconstitucional que protege a torturadores, como Billy el Niño, que se pasea por las calles de Madrid con total impunidad. Es lamentable que Partido Popular, PSOE y Ciudadanos se hayan opuesto a reformar esta ley en el Congreso, actitud con la que impiden investigar dichos crímenes.  Es necesario recordarles que el equipo Nizkor, especializado en derecho internacional, redactó el 14 de abril de 2004 el informe: La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas, en el que considera la Ley de Amnistía del 77 como “una traición a las víctimas del franquismo”.

Además, las exhumaciones deben incluir una denuncia en el juzgado, como corresponde a un Estado de Derecho. Pues no estamos haciendo excavaciones arqueológicas, sino investigando crímenes contra la humanidad. También es imprescindible la anulación de las sentencias dictadas por tribunales franquistas sin garantías jurídicas y la devolución de los bienes incautados a los descendientes de las víctimas y luchadores antifranquistas. De no hacerlo, la democracia estaría legitimando el saqueo y la rapiña de la dictadura.

Y por supuesto, es prioritario que la memoria democrática entre, de una vez por todas, en el sistema educativo andaluz. Después de 40 años de democracia, nuestros estudiantes desconocen su propia historia a causa del pacto de silencio y olvido de la transición. Muchos jóvenes aún no tienen claro si la verdiblanca es la bandera de Andalucía o del Betis. Tampoco saben que Blas Infante fue asesinado por los golpistas el 10 de agosto de 1936, cuando luchaba por el Estatuto de Autonomía y la reforma agraria. Por tanto, tienen derecho a conocer la verdad.