Los tiempos difíciles actuales ponen patas arriba el panorama político educativo andaluz. Por ejemplo, el coronavirus ha conseguido llevarse por delante las notas de prensa de la Asociación de Editores de libros de texto de cada mes de septiembre, vociferando contra la existencia del Estado autonómico y, en especial, del reparto de competencias en materia educativa. Desde su visión manipuladora, considera que los estudiantes españoles tratan en sus clases temas distintos, dependiendo del lugar donde se encuentren, en detrimento de su formación del ahora tan deseado espíritu nacional español. Como si ese fuera el principal problema de nuestro sistema educativo. En realidad, tras este vocerío ese colectivo esconde su preocupación real: obtener un mayor beneficio económico vendiendo los mismos libros en todo el Estado. Ganar más dinero a costa del ejercicio del derecho a la educación.
Pero también la Junta está aprovechando, subrepticiamente, estos meses tan complicados para dar un paso más hacia el blindaje normativo de la educación concertada. Un borrador de Decreto, publicado el pasado 31 de agosto, está pasando inadvertido entre la comunidad educativa. Se trata de “legalizar” las “alegales” o “ilegales” hasta ahora, actividades extraescolares. De forma resumida, esta nueva norma ampara la posibilidad de que los centros concertados puedan cobrar por estas actividades. Es decir, el texto legaliza lo que muchos ya urden desde hace tiempo, empleando trucos diversos, tales como que los recibos sean cobrados por la dócil AMPA del centro o por las fundaciones públicas vinculadas a la titularidad del colegio, para obtener la consiguiente desgravación ante Hacienda.
Cada vez resulta más evidente que Andalucía se ha convertido en el laboratorio para el desarrollo de políticas educativas reaccionarias, con la finalidad de transformar un sistema educacional construido desde hace cuarenta años -ininterrumpidamente- bajo unos principios de una socialdemocracia “light”… Eso sí, muy “light”.
Esa candidez, ese miedo a cambiar, esas reticencias, o esa falta de convicción para conseguir una educación más igual en Andalucía entre 1982 y 2019, han conseguido que hoy este gobierno tenga el camino mucho más expedito para afrontar reformas reaccionarias de calado que, muy probablemente, vengan para quedarse. La alianza Moreno-Imbroda, espoleada por Vox, sí tiene muy claro lo que debe hacer. Madrid es el modelo a seguir y Andalucía, la estudiante aventajada.
Efectivamente, aquí ha faltado voluntad política y valor para conseguir una educación donde el principio de igualdad sea real. Se amparó y repitió hasta la saciedad la mentira de que la concertada proviene de la LODE y de los tiempos de Felipe González. No es cierto. Ya la Ley franquista de 1970 -por no remontarnos más atrás- en su artículo 96.1 dice, textualmente, “Los Centros no estatales podrán acordar con el Estado conciertos singulares, ajustados a lo dispuesto en la presente Ley y en los cuales se establecerán los derechos y obligaciones recíprocos en cuanto a régimen económico, profesorado, alumnos, incluido el sistema de selección de éstos y demás aspectos docentes. Los conciertos podrán afectar a varios Centros, siempre que pertenezcan a un mismo titular”. Pues nada, ahí se sigue repitiendo el mantra sobre la LODE, una de las muchas falsedades existentes sobre educación, dándole a la enseñanza concertada una pátina de democracia que no tiene, porque proviene de mucho más atrás.
Los gobiernos andaluces mojigatos de la Transición y sus continuadores, siguieron esa estela, y en estos momentos tenemos a uno de cada tres estudiantes en un centro privado subvencionado. Centros que aún siguen invocando y tergiversando el conocido artículo 27 de la Constitución sobre la libertad de enseñanza, cuando muchos adoctrinan en sus aulas. Y lo califico de tergiversar, no porque sea simplemente mi opinión -el debate político sobre educación está repleto de simples intuiciones u opiniones sin fundamento, dicho sea de paso- sino porque el Tribunal Constitucional lo plasmó en una sentencia en 1981. La Ministra Celaá se atrevió a invocarla y le llovieron críticas desde la derecha reaccionaria. Ella, por supuesto, “rectificó”.
Sin embargo, uno no deja de observar con sana envidia cómo nuestros compatriotas ibéricos -recuerdo la Iberia de Blas Infante-, los portugueses, decidieron retirar las subvenciones aquellos centros concertados que tenían en su zona de influencia a colegios públicos con plazas disponibles. Hicieron la lista y ahí están. Es más, no voy a ser tan frívolo como para afirmar que esa medida explica su ascenso en PISA. Pero eliminar la subvención a esas plazas de centros redundantes ha servido para subir en otro ranking más notable: el de la igualdad.
Mientras tanto, en Andalucía, la educación concertada sigue protegida, cuando muchísimos artículos y estudios pedagógicos están demostrando que el sistema educativo, pilar del Estado del Bienestar, ya está fragmentado en tres trozos: el público, para quienes no pueden pagar esas cuotas mensuales; el concertado, para una clase media que pretende ilusoriamente algo “exclusivo”, y puede abonar una cierta cantidad; y la privada, para las clases altas que lo confía todo al mercado.
El resultado. Pues como Mariano Fernández Enguita lo expresa mucho mejor que yo, lo cito textualmente: “Tendremos, pues, un continuo dispar desde los centros burbuja libres de la promiscuidad de clases, del alumnado problemático, etc. a los centros ghetto especializados en los desechos del sistema, y educaremos en ellos, por una parte, a los elegidos, pagados de sí mismos y sin ningún aprendizaje de la convivencia y la solidaridad con los que no han compartido su suerte (pero que la hacen posible) y, por otra, a los excluidos, con la amarga experiencia de incorporarse a la sociedad a través de una institución y unas reglas del juego que les niegan el pan y la sal”. Pues eso.