La Junta presiona a los cooperativistas de Marinaleda para que compren la tierra

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Desde un principio, desde Marinaleda no se ha estado de acuerdo en privatizar la tierra. Juan Manuel Sánchez Gordillo siempre ha reclamado el uso y no la propiedad de esas 1.200 hectáreas. Sin embargo, la Junta ha sido taxativa al indicar que no cabe un punto intermedio. Por tanto, o las cooperativas compran la tierra o serán desalojadas.

A partir de ahí, existe el problema de la valoración de la misma, dado que hay que tener en cuenta las inversiones realizadas a lo largo de los 25 años de gestión jornalera de El Humoso. El gobierno andaluz ha comunicado a las cooperativas que el precio que tendrán que pagar por la tierra es de algo más de 10 millones de euros, pues la normativa no le permite reducir de su precio todas las inversiones realizadas.

La Ley 1/2011 de reordenación del sector público andaluz estipula que los adjudicatarios de explotaciones agrarias del antiguo Instituto Andaluz de Reforma Agraria (Iara) en régimen de concesión administrativa podían comprar las tierras pagando su precio, con reducciones que podían llegar al 65% del valor en función de las inversiones realizadas y otros conceptos.

Por otro lado, la Junta se convierte, en caso de acuerdo, en prestamista. Eso sí, la Junta no regala el dinero. En caso de realizar la misma operación que la que ha tenido lugar en Écija, la administración andaluza podría realizar una operación de préstamo a 20 años a un tipo de interés del 3,5%.

El proceso de compra del suelo no ha finalizado aún porque la Junta continúa esperando que las cooperativas entreguen algunos documentos que acrediten las inversiones realizadas en esas tierras, para ser descontadas del precio final de las tierras. Juan Manuel Sánchez Gordillo cuantifica las inversiones realizadas en 16 millones de euros.

El Gobierno autonómico está utilizando los cobros de las ayudas de la Política Agrícola Comunitaria en la negociación. De tal modo que indican que las cooperativas de Marinaleda, aunque continúen generando empleo, dejarían de cobrarlas si no se llega a un acuerdo.

Desde Marinaleda se insiste en que los socios cooperativistas no quieren la propiedad, por lo que una vez que compren las tierras serán transferidas a una fundación. Según promovió en un Pleno municipal el alcalde, esa fundación estaría constituida a partes iguales por jornaleros, trabajadores en paro del Sindicato Andaluz de Trabajadores (antes SOC) y pensionistas.