Hasta hace bien poco era impensable que un Presidente de Gobierno tuviese que sentarse a declarar –aunque sea en calidad de testigo- ante un Juzgado o Tribunal. Sin embargo esta semana lo hemos presenciado. Es el imperio de la ley, ¡oiga! Y es que la Presidencia ha sido quizá la última de las altas instituciones que se ha enfrentado a tal situación. De hecho, estamos ya familiarizados con que miembros de la Casa Real, judicatura, futbolistas de la liga BBVA, banqueros, ministros, alcaldes, grandes empresarios o altos dirigentes de federaciones deportivas desfilen a diario por los edificios judiciales. Faltaba la presidencia y por fin se ha consumado. Y no deja de tener su significación por cuanto que quizá el precedente más cercano lo encontramos en aquel episodio del Sr. X.
Eso sí, como rasquemos algo más, esta imagen se desvanece cuando atendemos a los últimos datos ofrecidos por el propio gobierno. De un total de unos aproximadamente 50.000 reclusos que integran nuestra población carcelaria, 24 están allí por cohecho, 43 por malversación, 5 por prevaricación y 5 por prevaricación de autoridades o funcionarios. Es decir que solo 75 componen el total de ese determinadísimo grupo de delitos de cuello blanco. Elegancia hasta para delinquir. Seguro que a muchos nos llama la atención descubrir cómo pese al escándalo mediático, es solo un 0,15% de nuestra población reclusa la que responde a esta crisis de corrupción. Ante esto solo cabe preguntarse: ¿realidad o cortina de humo?
Y es que de cortinas de humo está plagadísima nuestra actualidad. Más allá de la histórica reducción del desempleo –acompañada de una simultánea, histórica y paradójica reducción de los ingresos de la Seguridad Social- nos encontramos con una falta de presentación -siquiera decente- de la verdadera situación sociolaboral, si bien esto da para otro artículo y que puede ser más bien largo.
No podemos omitir lo que nos tenía preparado el Ministerio de Justicia: el show del LexNET. LexNET es la plataforma donde se presentan y reciben todas las comunicaciones de los operadores jurídicos (juzgados, tribunales, funcionarios de justicia, magistrados, letrados de la Administración, abogados, procuradores, etc.) Es de uso obligatorio y sustituye la comunicación que antes se realizaba en papel. El sistema es considerado un verdadero desastre de forma unánime porque, entre otras muchas cuestiones defectuosas, no reconoce la letra Ñ (sí esa, la de la “marca España”), las tildes, a las personas que tienen un apellido y muchísimas otras incidencias que convierten en una penitencia el uso de una aplicación de supuesta “mejora e innovación digital”. Esto también da para otro artículo.
Pues bien, la nota oficial –titulada “Resuelto el defecto en el acceso a LexNET dice así: “se ha identificado un defecto en el control de accesos al sistema ocasionado por un error en la programación del código. Dicho defecto ha sido completamente subsanado en un plazo inferior a 5 horas desde el aviso recibido por un usuario del sistema”. Es decir, que la noticia no es que se haya podido acceder por cualquiera a todos los expedientes jurídicos del Estado por un nuevo error de ese sistema (que obviamente ha costado millones y tiene incidencias graves recurrentemente). El Ministerio –y algunos de sus subcontratistas favoritos-lo ha solventado y de paso la actualidad judicial ha pasado de la presencia en sede judicial del Sr. Rajoy por la trama Gurtel al debate sobre el uso de las herramientas informáticas.
Y como colofón de los errores del sistema, estos últimos días y sin pudor alguno, nos plantean que los que delinquen son quienes en una democracia ¡compran urnas! Hasta ahí podíamos llegar. Urnas, ¡pero qué se habrán pensado! Curiosa concepción democrática. La urna, ese fetiche de las democracias occidentales y desarrolladas ahora cumple un papel diferente y se torna en pieza de convicción: corpus instrumentorum, es decir, el instrumento que facilita el hecho delictivo. Ver para creer.
O ver con las gafas de quienes antes condenaban a “telediario” la kale borroka ahora jalean a los terroristas urbanos que en Venezuela se oponen a que el pueblo vote o no la Constituyente en las urnas. Y es que la urnas –a veces- son de lo más peligroso. Algunos ya han aprendido la lección de la Unión Europea donde a los ideólogos que tuvieron la ocurrencia de que se votara la Constitución Europea (sí esa la de Loquillo, Luis del Olmo, Gabilondo, Antonio Gala, Butragueño y Cruyff) o el Brexit, suponemos que los habrán condenado a galeras.
Quizá vaya tocando reiniciar el sistema y lo que es más importante, cambiar de software. O de hardware.