El régimen israelí se ha ido ganando a pulso con su política colonial y racista una malísima imagen en todo el mundo y especialmente en Andalucía donde tal vez por razones de su propia experiencia histórica la población simpatiza con los pueblos oprimidos y aborrece los opresores.
Desde el pasado 30 de marzo (ya se ha cumplido un año) todos los viernes salen desde los campos de refugiados de Gaza las «marchas del retorno» para exigir el derecho a volver a sus hogares de los que fueron desalojados en las sucesivas fases de la colonización israelí. Centenares de jóvenes palestinos han muerto en los últimos meses y miles de ellos han sufrido amputaciones de piernas por disparos de francotiradores apostados en terraplenes artificiales levantados por el ejército tras las alambradas y muros que rodean Gaza. Desde estas manifestaciones se lanzan llamamientos desesperados que los medios de comunicación de masas se encargan de ahogar en un silencio cómplice y acordado. En su último llamamiento a la opinión pública europea los organizadores de las «Marchas del Retorno» nos gritaban:
«No permitáis el aislamiento de Gaza». «Hemos escogido la resistencia pacífica, pero quieren empujarnos a la violencia, y la división». «No queremos morir. Amamos la vida y queremos que los jóvenes no pierdan la esperanza». «Los jóvenes palestinos esperan un gesto, una señal de apoyo de todos ustedes».
El régimen israelí no descansa en sus campañas publicitarias, de carácter político, académico, cultural o deportivo para intentar normalizar su imagen y en este sentido cuenta este año con la organización del concurso de Eurovisión en Tel Aviv. Numerosos artistas se han negado a participar. Quizás el mayor varapalo se lo haya llevado en Sevilla durante la Gala de los Goya celebrada el pasado 2 de febrero de 2019. Julio Pérez, director junto con Carlos Bover del cortometraje «Gaza,una mirada a los ojos de la barbarie», pidió el boicot a Eurovisión al recibir el premio al mejor corto documental.
«Este premio va dedicado a todas aquellas personas que han mantenido viva la lucha del pueblo palestino. Para las que están y las que no, también para las que nos ha arrebatado el terrorismo sionista. Desde el mundo de la cultura podemos hacer muchas cosas pero la primera es no legitimar países que vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Para eso no debemos ser cómplices del apartheid israelí. Israel en Eurovisión no, por favor. ¡Viva la lucha del pueblo palestino!»
Las palabras de Julio Pérez, pronunciadas ante millones de televidentes, lograban cuestionar la instrumentalización propagandística de Eurovisión revelando la profunda inmoralidad de estas prácticas. Es decir, la denuncia que hizo Julio Pérez incidió en dos de los aspectos, que junto con la impunidad hacen posible la comisión de crímenes de estado. La apariencia de normalidad, de legalidad, que rodean los actos de los estados concernidos y los mecanismos de desconexión moral que impiden reaccionar a la opinión pública.
ACOM (Acción y Comunicación en Oriente Medio), que es una pantalla de la embajada israelí, se apresuró a denunciar ante la fiscalía de Sevilla al director del documental por «incitación al odio racial» un argumento claramente falso utilizado en este tipo de denuncias. Julio Pérez no es la primera persona acosada judicialmente en Andalucía por haber manifestado opiniones favorables a la causa palestina. Con anterioridad ACOM había empezado a acosar a muchos ayuntamientos andaluces que habían aprobado mociones en las que se declaraban «espacios libres de apartheid israelí y de racismo». Uno de estos fue el municipio de La Roda de Andalucía que en el verano de 2014 había denunciado públicamente los bombardeos sobre campos de refugiados, hospitales y colegios gestionados por la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA, por sus siglas en inglés).
Lo más asombroso es la anuencia de los jueces andaluces. Cabe preguntarse quiénes son estos denunciantes que exhiben tanto poder dentro del sistema judicial y por qué se tolera que un país extranjero monte asociaciones pantallas en el nuestro para acosar a instituciones, a oenegés y a personas que luchan por la paz y la justicia en Oriente Próximo. Quizás para entenderlo convenga contextualizar los hechos dentro de la política exterior del régimen israelí.
A finales de octubre de 2017 la prensa israelí había desvelado en un trabajo de investigación de los periodistas Chaim Levinson y Barac David, publicado inicialmente en el periódico Haaretz de Tel Aviv, que su gobierno había contratado secretamente un gabinete de abogados estadounidenses para combatir la campaña BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel) en los países europeos. Y no a cualquier gabinete, sino al «Sidley Austin» que tiene en nómina mil novecientos abogados, inmensa maquinaria de propaganda con sede en Chicago, para preparar argumentos jurídicos, subcontratar abogados en otros países e iniciar procedimientos judiciales contra organizaciones e instituciones europeas que denuncien el apartheid israelí y apoyen la campaña BDS. Se trataba de hacer lo mismo que la Sudáfrica del apartheid en época no muy lejana para acosar a organizaciones sociales e instituciones cuyas actividades perjudicaran su imagen.
La descripción detallada de los servicios contratados fue censurada, según el estudio publicado en el periódico Haaretz, porque en palabras del propio ministerio de justicia, su publicidad podría afectar a las relaciones exteriores con los países europeos donde se actúe y a la capacidad de las organizaciones pantalla de proveer los servicios contratados y en cuyo desarrollo no debe aparecer nunca el estado de Israel.
Este mal disimulado origen exterior del acoso judicial a instituciones andaluzas conlleva un mensaje mucho más profundo y significativo que la simple derogación de algunas mociones, como es la financiación desde el extranjero de grupos islamófobos y de extrema derecha como ACOM que gozan de apoyos suficientes para limitar la soberanía local de los ayuntamientos andaluces. Lo que el Ayuntamiento de La Roda considerara en un primer momento como un incidente anecdótico (el que un municipio de la Sierra Sur de Sevilla fuera denunciado por un desconocido por «discriminación racial a los judíos») lleva camino de convertirse en una batalla por la autonomía local y el derecho de los ayuntamientos andaluces a decidir en qué se gasta su dinero y a defender los derechos humanos en la medida de sus atribuciones.
La campaña BDS estará en vigor hasta que Israel cumpla sus tres demandas centrales, basadas en el respeto al Derecho Internacional y los Derechos Humanos:
1) Fin de la ocupación y colonización de todas las tierras tomadas en 1967 y el desmantelamiento del Muro;
2) Plenos derechos a los ciudadanos árabe-palestinos de Israel (20% de la población de Israel);
3) Derecho al retorno de los refugiados palestinos (resolución 194 de la ONU).
Y mientras tanto, Eurovisión en Israel, no, por favor.